Según han indicado desde la plataforma a Europa Press, la promotora propietaria mayoritaria del Sector SL-1 Valdevaqueros del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Tarifa ya ha presentado documentación en la Junta y el Ayuntamiento.
Por ello, la plataforma ha solicitado a la Junta y el Ayuntamiento de Tarifa que les remitan la «información a fin de determinar la actividad del expediente después de la sentencia del TSJA, relativa al Plan Parcial del SL1 Valdevaqueros que, finalmente, desestimó dicho plan ante la carencia de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) y la admisión a trámite el recurso de casación, presentado por por la Junta de Compensación de Valdevaqueros Sector Sl-1, contra la sentencia del TSJA, sobre el que todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo».
Por otra parte, la Plataforma Salvemos Valdevaqueros ha señalado que va a llevar el decreto del Gobierno andaluz ante la Comisión de Peticiones de la UE. «El Parlamento Andaluz ha convalidado un decreto aprobado recientemente por el Gobierno por el que se desregulan numerosas actividades económicas, se reduce la participación pública y ciudadana y se eliminan garantías ambientales, mientras que el Ejecutivo andaluz lo justifica en la necesidad de solucionar la maraña burocrática y el exceso de legislación, que a su entender constituye una pesada carga para el crecimiento económico de una región».
Según la plataforma, «el Gobierno andaluz obvia que este crecimiento vendrá motivado a modo de subvenciones de la UE a través de la adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU y que la UE los ha adaptado a través de cinco objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, donde se destinarán de un 65 a un 80 por ciento de recursos del Feder y del Fondo de Cohesión a tal efecto».
«Esta miopía política del gobierno andaluz contradice a la política europea, mientras Europa prioriza el hecho de estar libre de carbono, en contraposición, el Gobierno andaluz decide como medida, a través del decretazo, amputar la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios».
A juicio de la plataforma, el decreto del Gobierno andaluz «pone en peligro espacios como Valdevaqueros, Los Lances, Bolonia, no sólo por el negacionismo ambiental que regirá las decisiones de la administración andaluza, sino porque se abriría la veda para construir sin freno ni protección ambiental», por ello denunciará ante el Comité de peticiones de la UE la norma aprobada por el Gobierno andaluz.
