Sánchez prioriza el tren Algeciras-Bobadilla en los Presupuestos Generales para 2019

IAM/Redacción Las infraestructuras serán clave en estos Presupuestos Generales del Estado pactados para el próximo año 2019 y con prioridad para la Algeciras-Bobadilla y el corredor ferroviario.Foto Firma PGE

 

 

Lo ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tras tildar de “positivo” el acuerdo pactado entre el presidente del Gobierno y la formación Podemos, y que se ha materializado este jueves, y que prevé unos mil millones más para la comunidad autónoma. Para la presidenta andaluza estos PGE  suponen “profundizar y ampliar derechos” y un cambio ante un nuevo ciclo económico en el que las “heridas de la crisis tienen que ir sanando”.En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Susana Díaz también ha destacado que si los PGE definitivamente se aprueban, Andalucía va a contar “con 1.000 millones de euros más”, para la educación, la sanidad y la atención a la dependencia, así como para incentivos al empleo y apoyo a los autónomos.Ha insistido en que el caso de Andalucía serán 1.000 millones más y un compromiso de que por fin se va a cumplir con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía (inversión del Estado en la comunidad de acuerdo con su peso poblacional en el conjunto del país), lo que va a suponer “300 millones de euros más respecto a los últimos PGE” e impulsar infraestructuras clave como el ferrocarril Algeciras-Bobadilla o conexiones ferroviarias en el Corredor Ferroviario, que no habían sido una prioridad para el anterior Gobierno del PP.Sobre otros aspectos del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos, ha indicado que se recogen medidas “positivas” que ella ya venía reivindicado como presidenta de la Junta, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), porque los trabajadores tienen que tener garantías de que con sus empleos sacan dignamente adelante a sus familias, o más recursos para la Dependencia, porque “no era justo” que Andalucía estuviera pagando “a pulmón” el 82 por ciento de este servicio, cuando debe ser financiación al 50 por ciento por la administración central y la autonómica.Asimismo, la presidenta también ha considerado positivas las medidas para garantizar el acceso de los jóvenes a alquiler, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que era una manera de “mutilar el derecho a la representación sindical y a la huelga de los trabajadores”.“Son elementos que vienen a profundizar y ampliar derechos y marcan un cambio ante un nuevo ciclo económico en el que las heridas de la crisis tienen que ir sanando”, según ha resaltado la presidenta.

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