TCAM-SEVILLA/M.J.R.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha comparecido este martes 22 de mayo de 2012 tras el Consejo de Gobierno para analizar la situación actual tras los ajustes presupuestarios derivados de las medidas adoptadas por el Gobierno central. Griñán ha enfatizado que «Andalucía va a cumplir por responsabilidad política sus compromisos», para añadir a continuación que «estamos recorriendo un camino con unas reglas que no son buenas para el conjunto de los españoles y que son malas para el conjunto de los andaluces».

Griñán ha asegurado que se están atravesando momentos «díficiles y complejos», perdiendo en los primeros cuatro meses de este año 4.158 empleos diarios, «785 de ellos en Andalucía». Para atajar ese panorama, el presidente andaluz ha insistido en que «limitarse a reducir el gasto público no mejorará la situación económica. Es necesario unir a esa política otra que estimule la creación de empleo». Para ello, ha planteado «un gran pacto de Estado» que fije una posición común de todas las fuerzas políticas y los agentes sociales de forma que «fortalezcamos el valor España».

El presidente de la Junta ha indicado que el objetivo de su Gobierno es preservar los 23.805 empleos públicos a tiempo completo que hay en la comunidad, pese a los ajustes a los que obliga el Gobierno de la Nación. Esos empleos representan 10.000 de personal sanitario; 8.327 educativo; 530 de justicia; 3.040 de la administración general, y 1.908 de entes instrumentales.

Por eso, ha insistido en que la Junta «quiere preservar» estos empleos y cumplir, porque es «obligado», con el aumento de jornada laboral a 37,5 horas semanales para el personal de la administración y también con el incremento de las horas lectivas para los docentes.

Sobre esto, Griñán ha precisado que el Gobierno andaluz ha abierto con los sindicatos un proceso de negociación sobre la propuesta inicial de recortes del 5% a los funcionarios y del 15% a los interinos, concluyendo que «todo lo que sea que el resultado final nos permita ahorrar 777 millones se podrá estudiar». Dicho ahorro (777 millones) es consecuencia de la aplicación obligada del aumento de la jornada laboral desde las 35 a las 37,5 horas semanales.

Huelga en la educación

Al hilo de las movilizaciones que se están produciendo en este martes, Griñán ha afirmado que recortar la educación es «un error que cercena las posibilidades de progreso, de crecimiento económico y es una afrenta a la igualdad de oportunidades. A su juicio, la educación pública es una garantía de progreso, de crecimiento y de igualdad, de manera que plantear una reducción de un punto del PIB de 2010 a 2015 es un error.

El líder socialista ha señalado que también es un error tratar de obligar a las comunidades autónomas de prescindir de 80.000 profesores de la escuela pública, y se ha mostrado convencido de que con la política del Gobierno central de aumento de horas lectivas y del número de alumnos por aula, el objetivo directo es Andalucía porque esta es una comunidad en la que está creciendo la población escolar.

El presidente ha insistido en que hay dos cuestiones del decreto ley sobre medidas educativas que la Junta no puede dejar de aplicar, como es el asunto de las sustituciones y el aumento de las horas lectivas, lo que supone una «reducción brutal» del número de efectivos. Ha querido dejar claro, a este respecto, que no se van a producir despidos, sino que se dejarán de producir contrataciones de interinos según las previsiones que se hicieron inicialmente.

En este sentido, Griñán ha puntualizado que se han «salvado» a unos 3.500 profesores interinos al no aplicar esta medida, aunque ha reconocido que cumplir el mandato del Estado de aumentar en dos horas lectivas la jornada de los docentes provocará «una disminución brutal en el número de contrataciones que se hagan». La estimación es que dejen de contratarse unos 8.327 profesores interinos.

Otra línea roja que se ha preservado al máximo de los ajustes presupuestarios es la sanidad. Griñán ha sido tajante a la hora de afirmar que «no habrá privatizaciones». El presidente ha alegado al respecto que «privatizar un hospital no supone un ahorro a menos que se reduzcan sus prestaciones», y de hacerlo, se está abriendo la puerta a acabar con la sanidad universal para sustituirla por «un concepto de aseguramiento» en el que las aseguradoras seleccionan los riesgos.

Déficit

Griñán ha insistido en que «el déficit no es el problema principal. El más urgente es resolver el desempleo», y ha reiterado su desacuerdo con el reparto del techo de déficit estipulado por el Gobierno, según el cual la mayor parte del sacrificio recae sobre las autonomías pese a que fue la Administración General del Estado la que cerró 2011 con mayor volumen de déficit. Dicho reparto «perjudica no tanto a las comunidades autónomas o los partidos políticos, sino a los ciudadanos, porque afectan a las políticas que desarrollamos las autonomías: sanidad, educación y servicios sociales».

En este sentido, el líder del Ejecutivo andaluz ha exigido al Gobierno central que rectifique el presupuesto de partida a la hora de plantear los ajustes de las autonomías. «Se está haciendo en función del PIB, no de la población, y eso provoca inequidades muy claras entre las comunidades autónomas», ha denunciado.

Es por esto que a Andalucía, pese a tener menor nivel de endeudamiento que otras comunidades y a presentar en 2011 un déficit algo superior al de la media nacional, se le ha exigido un mayor esfuerzo (del 20%), cuando por población le correspondería hacerlo por un 14,9%.

Griñán ha comparado los esfuerzos de contribución al control del déficit de autonomías como Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Valenciana, las tres con endeudamientos muy superiores al andaluz, para evidenciar «lo injusto» del sistema de reparto del déficit por PIB y no por población. «Según esto, se le da más límite de endeudamiento a las comunidades que están más endeudadas», ha agregado.

«Si se aplicara el reparto por población, Andalucía habría tenido que hacer menos ajustes y podría, por ejemplo, haber prescindido de tocar las retribuciones de los empleados públicos», ha indicado. Frente a este «agravio comparativo» que, según ha aclarado, no sólo penaliza a Andalucía, sino a otras comunidades como Galicia y Extremadura, ha planteado a su vicepresidente Diego Valderas abrir espacios de diálogo con el resto de fuerzas políticas en el Parlamento para defender ante el Estado el modelo de distribución de déficit por población y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

Otro modelo es posible

Griñán ha subrayado que, con el Plan de Reequilibrio Financiero elaborado y validado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera por el Estado, el Gobierno andaluz ha intentado ajustarse a sus compromisos de déficit y estabilidad presupuestaria tratando de menoscabar lo menos posible la educación y la sanidad, y con la máxima de «no privatizar» servicios públicos esenciales y no despedir a ningún empleado público, aunque para ello se contemple una reducción de sus retribuciones.