Escribo este artículo el día después del 27 de septiembre, en el que ya conocemos los resultados de unas elecciones autonómicas convertidas en plebiscitarias, pero sin mayoría suficiente (solo un 47,8% de votos por el Si contra un 51,6% por el No) para avanzar hacia la declaración unilateral de independencia. Además, y en cualquier caso, el Gobierno del Estado ya había dicho que ni aceptaba ni aceptaría ser interpelado desde fuera de la legalidad, aunque fuera un objetivo constitucionalmente licito. Acompañado del silencio irresponsable de Rajoy ante la opinión pública en esa noche electoral.A partir de esta fecha arreciarán los gestos de confrontación a la espera de las elecciones generales, que el Gobierno quiere apurar hasta Navidad, sin que ningún resultado garantice, a día de hoy, una vía de solución si no se favorece la palabra, el diálogo, la negociación constante, la construcción de los puentes rotos y una acumulación de afectos y no de rencores entre Cataluña y España. Cuestión difícil pues la sociedad catalana ha quedado fracturada y partida en dos. Ahora le toca al partido o fuerza que gobierne una tarea difícil, gestionar resultados, pero también frustraciones.Estas han sido unas elecciones que no se han debido afrontar con la ligereza que lo ha hecho el Gobierno, pero nadie puede ignorar sus resultados, pese a los métodos usados. Y todos debemos reaccionar, especialmente el Gobierno. Entre otras cosas, porque como afirma uno de los mayores especialistas europeos en procesos de desintegración, el sociólogo búlgaro Iván Krastev, “en los procesos de ruptura no siempre deciden las mayorías, sino las minorías activas”. Y si esas minorías han confundido en la convocatoria el plebiscito y las elecciones, y en los resultados los votos o los escaños, mal se está haciendo, pero lo que es evidente es que no podemos hacer oídos sordos a los resultados de las urnas.Ahora para pasar de la confrontación al diálogo es necesario que ambas partes, independentistas y no independentistas, asuman dos principios: el principio de legalidad, por el que no puede haber diálogo posible si no se respeta la legalidad constitucional, y el principio de democracia por el que se debe reconocer que existe en Cataluña una expresión independentista relevante que no puede ser ignorada por los demócratas, como se ha podido constatar en los resultados electorales del 27-S.Sin embargo, casi nadie o muy pocos parecen aceptar ambos principios plenamente y al mismo tiempo, pero tampoco el mantenimiento del statu quo actual, que no da más de sí. Hay miedo al diálogo y a las palabras o a la necesaria reforma constitucional, pero también al derecho a decidir. Derecho a decidir que debe ser aceptado sin despreciar el principio de legalidad y el imperativo de negociar a partir de ella. Después de estas elecciones el Estado de las autonomías ha quedado totalmente superado y hay que revisar el Título VIII (Organización Territorial del Estado) de la Constitución.El PP y Ciudadanos, antes y después de estas elecciones, son los dos partidos que se atienen solo al principio de legalidad, sin reconocer el principio de democracia. Consideran como valor supremo la indisoluble unidad de la nación española y la anteponen a la libertad y al pluralismo político, que también establece la Constitución como valores superiores y que nos obligan a dar respuesta al deseo de cambio expresado sólidamente por los catalanes el pasado domingo para que en un referéndum puedan libremente decidir su futuro.Si otros países de respetable cultura política como Canadá con las reivindicaciones de Quebec y Reino Unido con las de Escocia, han combinado los grandes principios de legalidad y democracia para solucionar problemas parecidos al nuestro, en el primer caso con una ley de claridad y en el segundo con un referéndum, ¿por qué España no?
