Algo no marcha muy bien en la Justicia cuando jueces y fiscales hacen tanto ruido tras la última reforma judicial del Gobierno, y el poder judicial está continuamente en las conversaciones públicas, aunque sea verano. En la protesta de jueces y fiscales hubo cientos de manifestantes, aunque ni una línea de la reforma afecta a su independencia.
El objetivo de las cinco asociaciones convocantes, no participaron las dos asociaciones progresistas, era protestar por dos reformas legales que afectan a sus carreras. Una prevé cambios en la forma de acceso a la judicatura y otra modifica el estatuto que regula la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.
La primera, la forma de acceso, revisa el sistema de oposiciones. Por un lado, se necesita estimular a las buenas cabezas para que quieran acceder a la judicatura, y por otro, buscar los mejores criterios para seleccionar a las personas con las cualidades necesarias para la Justicia de los años venideros.
La segunda, la modificación del estatuto de la Fiscalía, pretende fortalecer su autonomía e independencia. Esta significativa reforma, que se incorporará a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, busca desligar el mandato del Fiscal General del Estado del ciclo político del gobierno. Y mejorará la admisión automática de querellas populares, porque al ser instructor un fiscal habrá un filtro que durante este tiempo no han puesto los jueces.
La manifestación de los jueces confirmó el pulso contra el Gobierno, que se intensificó con una huelga, con poco efecto, los días 1, 2 y 3 de julio. La decisión de la mayoría de asociaciones se hizo firme, pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado por unanimidad dar por no convocado el paro, ya que no tenía sustento legal y no se habían fijado servicios mínimos.
Las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, apoyan, en líneas generales, las reformas legales que impulsa el Ejecutivo y no se sumaron ni a las manifestaciones ni al paro. El Gobierno cifró en 29 los jueces y fiscales que secundaron la huelga, pidiendo a las asociaciones un listado «verificado» de todos los togados que participaron para aplicar la reducción salarial. Las organizaciones convocantes acusaron al Ministerio de Justicia de intentar invisibilizar la movilización.
Ciertamente, en la percepción de la justicia, según los profesionales, hay dos realidades: la justicia del día a día, con miles y miles de asuntos que resuelven los jueces y las juezas todos los días, y esos casos más mediáticos que son los que determinan la visión de toda la Justicia, y nos hacen pensar que hay una politización o deformación, que no es la realidad que viven los jueces de a pie.
Está claro que la justicia es lenta y tiene que mejorar en muchas cosas. Además, deberíamos poder criticar a los jueces por lo que hacen, no solo por sus resoluciones. Los jueces no deben estar dentro de una urna, eso es corporativismo trasnochado.
La estructura judicial también necesitaba una renovación, y hace poco entró en vigor una reforma que viene a modernizar el sistema judicial español con cambios tanto a nivel organizativo como procesal, respondiendo al compromiso adquirido por España ante la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esperemos que responda a las expectativas.
Entre las principales reformas, la ley establece la creación de tribunales de instancia que reemplazarán a los actuales juzgados unipersonales con una estructura de trabajo mucho más colegiada y homogénea de la oficina judicial en un modelo más de gran oficina. También crea las oficinas municipales de justicia que sustituirán a los juzgados de paz. Además, se aprovecha la ley para incluir métodos alternativos de resolución de controversias.
Pero, esto no será posible con los mismos medios, sino que hay que mejorar la inversión en Justicia. Más dinero. La ratio de jueces que tenemos en este país es muy inferior de otros países europeos. Hay que incrementar, pero de forma clave, el número de jueces y el de las plazas judiciales. No hay otra si queremos mejorar la Justicia de este país.
