El pasado mes de julio se cumplieron 50 años del nombramiento de Adolfo Suarez como presidente del Gobierno. El nombramiento junto a la Constitución de 1978, hicieron posible que fuerzas políticas enfrentadas durante décadas se aceptaran mutuamente como representantes legítimos de una ciudadanía plural. En ese momento se inicia la modernización en España.
En una primera etapa, entre 1976 y 1985, el impulso para la modernización no vino de los partidos políticos, sino desde abajo. Especialmente a partir de 1971, bajo el lema de “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”, primero en Cataluña y después en toda España, la sociedad española se movilizó para exigir el fin del régimen franquista y la construcción de un Estado social y democrático de derecho.
La gran innovación político-económica de las democracias liberales a la salida de la II Guerra Mundial fue el contrato social entre capitalismo y democracia. España puso las bases de un contrato social de ese tipo en los Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 1977, firmados por el Gobierno de Adolfo Suárez y los principales partidos políticos, con el apoyo de sindicatos y empresarios.
En nuestro contrato social, por un lado, hubo acuerdo en que el sistema de economía de mercado era un buen modelo para crear riqueza y sanear la economía; a la vez, se acordó la construcción de un Estado de bienestar con cuatro instituciones fundamentales: educación, sanidad, desempleo y pensiones.
La Constitución de 1978 aportó base legal a ese contrato social. El artículo 1 estableció que España se organiza como un “Estado social y democrático de derecho”. Miquel Roca, uno de los padres del texto constitucional, aclaraba que el orden de los adjetivos no es arbitrario: o el Estado es social o no será democrático. Y el artículo 37 estableció el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, otorgando fuerza de ley a los convenios que firmaran.
Esta modernización económica permitió que las instituciones políticas del nuevo estado democrático descentralizado se pudiesen asentar. Pero, aún faltaba encajar algunas piezas de forma armoniosa, su resiliencia quedó demostrada al ser capaz de enfrentarse a un golpe de Estado, a una etapa de terrorismo político y a un intento secesionista.
Coincidiendo con el ingreso de España en la Comunidad Europea, el impulso desde abajo para el cambio cedió su protagonismo a la dinámica de las fuerzas políticas internas. Frente a las presiones externas de la UE y de los organismos económicos internacionales, los sucesivos gobiernos adoptaron una actitud oportunista. En vez de buscar el consentimiento interno para las reformas, las justificaron en la presión exterior, acelerando la integración.
La crisis de 2008 vino a echar sal en la herida que sufrimos con el ingreso en el euro, con resultados ambiguos y cicatrices como la destrucción de una parte del tejido productivo, la desindustrialización y un elevado desempleo, que se cronificó a partir de esa etapa.
El recorte del gasto social por el PP en los cuatro pilares del Estado de bienestar -educación, sanidad, paro y pensiones-, quebró el contrato social de la Transición. Al malestar se sumó la indignación de gran parte de la sociedad. Como consecuencia, el apoyo electoral a las organizaciones populistas de derecha e izquierda comenzó a desbordar a los partidos tradicionales de centro. La crisis de 2008 define nuestra época de polarización y enfrentamiento.
Afortunadamente, y de forma inesperada, la crisis de la COVID-19 ocasionó un renacimiento del contrato social. La UE reaccionó de forma positiva con la creación de los fondos Next Generation para la recuperación y la modernización de las economías europeas. Y también el retorno de la política industrial y el objetivo de creación de buenos empleos.
Sin embargo, necesitamos renovar el contrato social de la Transición. El primer esfuerzo para construir este nuevo contrato social tiene que ir orientado a sacar la polarización política del terreno pantanoso de las guerras culturales e identitarias para volver a situarla en el terreno de las respuestas a la desigualdad y a los buenos empleos.
Si logramos que la política se mueva en este terreno, se pueden encontrar soluciones. Y estos 50 años, no cabe duda, nos ofrecen una enseñanza: el compromiso ciudadano, el diálogo social y la negociación colectiva y el consentimiento político a las reformas. Ya está bien de tantas disputas mezquinas.
Negociar y pactar no es una debilidad sino la fortaleza misma de reconocerse capacidad de aportar soluciones con otras perspectivas. Es más, sería conveniente pensar en las efemérides de estos 50 años para extraer enseñanzas útiles en estos tiempos de polarización y enfrentamiento.
No para glorificarla, sino para subrayar que una democracia no se deteriora por albergar enfrentamientos. Al contrario, se debilita cuando dejamos de discutir las ideas y, en su lugar, cuestionamos la legitimidad de quienes las defienden, tratando al adversario como enemigo y cualquier pacto como una vergonzosa claudicación para unos o una deleznable traición para otros, como ocurre ahora con el Tratado de Gibraltar o el plan del Gobierno para poner orden en Ceuta.
En la cultura democrática, no solo se defienden con firmeza las propias ideas, sino que también se acepta el derecho de los otros a defender las suyas. Ninguna mayoría expresa por sí sola la totalidad del interés general.
Las mejores políticas públicas suelen nacer del contraste entre perspectivas diversas e incluso opuestas. Esa es una gran lección de la historia constitucional europea y también de la España democrática. La mayor conquista de una democracia consiste en que nadie necesite abominar del adversario para defender sus propias ideas. Porque la democracia comienza donde termina el enemigo.
