¿Hacia dónde vamos? Por: Ángel Luis Jiménez

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado un estudio sobre miedos e incertidumbres. El 76,9% de los encuestados se consideran “más bien optimistas”, el 14,5% “más bien pesimistas” y el 7,1% asegura que se considera una persona “equilibrada, ni optimista ni pesimista”.
En su conjunto los que se muestran más pesimistas sobre el futuro son los que tienen entre 25 y 34 años (21,2%) y entre 18 y 24 años (20,1%), los que viven en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes (17,1%), los que cuentan con estudios de primaria (18,5%), los estudiantes en general (40%) y los técnicos profesionales (21,0%), los que se consideran de clase media-baja (19,1%), y los católicos no practicantes (16,8%).
Estos y otros datos se encuentran recogidos en el barómetro realizado por el CIS del 3 al 11 de noviembre con 2.052 entrevistas. Y sus resultados exigirían un debate público, que será silenciado por el peso del politiqueo que todo lo engulle.
Como es lógico, el listado de temas o cuestiones que quedan sin discutir o abordar son muchos en este país. Sin embargo, a la clase política solo le interesa la lucha partidista por el poder. En otras palabras, todo aquello que requiere una discusión e intervención política como, por ejemplo, el tema de la vivienda, se suple por una política teatralizada del conflicto entre partidos.
Los aspavientos que el PSOE exhibió en su día ante los escándalos del PP se tornan, ahora con los suyos propios, en una actitud medrosa y defensiva; y viceversa, el PP, que en su día no paró de ocultar y menospreciar sus escándalos, se erige ahora en paladín de la ética pública y no para de rasgarse las vestiduras. Pero, esto no va de moral, va de la más maquiavélica o nietzscheana voluntad de poder, de cómo conservarlo o alcanzarlo.
Estas actitudes hipócritas constituyen uno de los elementos más corrosivos para la confianza en la política. Si, además, su capacidad de gobierno se ve desbordada continuamente por exigencias que no pueden satisfacer -véase el caso, como digo, de la vivienda-, esa crisis de confianza se refuerza por la crisis de eficiencia. ¿Cómo no van a tener nuestros jóvenes miedo al futuro?
La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la población, tanto por sus efectos económicos como sociales. Los datos ofrecen una imagen precisa del cambio de era. La vivienda, corazón de la economía familiar, es el epicentro de ese vuelco. En 2002, alrededor del 70% de los menores de 35 años tenían casa; en 2022, son algo más del 30%. En solo dos décadas, la propiedad entre jóvenes se ha desplomado, rompiendo el principal vehículo de acumulación patrimonial del país.
Entre 2002 y 2022, la riqueza de los hogares españoles ha seguido una trayectoria desigual evidenciando un claro retroceso para las generaciones jóvenes. Mientras los mayores han recuperado e incluso aumentado su patrimonio tras la crisis financiera, los menores de 35 años han visto desplomarse su riqueza. Por ejemplo, en 2002 los menores de 35 años concentraban el 8,2% de la riqueza total del país, en 2022 solo llega al 2,1%.
Los expertos coinciden en que esta fractura generacional amenaza con consolidar un país más desigual y menos dinámico. La dificultad de acceso a la vivienda retrasa la emancipación, reduce la natalidad y prolonga la dependencia familiar. Romper ese bloqueo, advierten, exige políticas que refuercen el empleo estable y los salarios, amplíen la oferta de casas asequibles y promuevan mecanismos de ahorro accesibles. Sin un cambio estructural en esas tres palancas, España corre el riesgo de convertir la edad en su nueva frontera económica.
Esta es la situación sobre un problema concreto como la vivienda, pero hay más. Solo mencionaré alguno de ellos: gobernabilidad capada por la incapacidad para sostener mayorías parlamentarias; protagonismo político de los jueces, que, con independencia de que sea legítimo o no, no es saludable en ningún sistema democrático; polarización extrema, que, lejos de disminuir, se excita al olor de las convocatorias electorales; el ya mencionado debate público demediado y reducido a servir de caja de resonancia de intereses partidistas, y el entorno europeo y geopolítico más preocupante de los últimos 50 años, que exigiría justo aquello de lo que no son capaces los partidos, una acción política nacional bien asentada sobre consensos básicos internos.
Ante esta constelación de factores, se ha planteado convocar elecciones para el año próximo, única defensa que tienen los sistemas democráticos cuando la política no puede llevar a cabo sus fines y necesita recurrir a un reset. Pero no me hago ilusiones, ya que no sé si sería lo acertado. Temo que, gane quien gane, no nos libraremos del principal problema que nos afecta: la degradación guerracivilista de nuestra política, la forma en la que se comunica y se practica, tan necesitada de enemigos existenciales. ¿Cómo se resetea eso? Reitero, no lo sé, y menos si olvidamos dónde se juegan nuestros intereses. Porque intuyo, y no me gusta nada, hacia dónde se puede dirigir el ciudadano insatisfecho: militar en la antipolítica populista, caer en el nihilismo o la apatía política, o refugiarse en lo privado. Actitudes todas que coadyuvan a la progresiva erosión de la democracia.

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