La Constitución española establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Y no solo, también dice que los poderes públicos deben promover las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regular el suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación.
Pues bien, por las presiones existentes este Gobierno no se ha atrevido hasta ahora a intervenir con voluntad en el tema de la vivienda y de la especulación. Con ello, le está preparando el terreno a la ultraderecha, porque se está generando una gran frustración con el sistema ante la imposibilidad de las nuevas generaciones de acceder a una vivienda en propiedad.
Sin embargo, algo ha cambiado, porque en el reciente Consejo de ministros del martes 21, se ha aprobado un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con 7.000 millones de euros. Pretende blindar toda la vivienda pública que se construya, de manera que nunca se pueda vender a un precio de mercado libre, aunque el Gobierno no ha precisado el número de casas que se construirán.
Las viviendas que se construyan, según el Plan, serán públicas con una aportación de un 60% directo de ayuda del Gobierno y el otro 40% de las comunidades. Pero las primeras reacciones de los populares no dejan claro si votarán a favor de los criterios de reparto en la comisión sectorial o aceptarán estas transferencias, pues critican este Plan como un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas.
No son estas las únicas críticas que este martes recibió el Gobierno por el Plan Estatal de Vivienda. Los sindicatos de inquilinos también han tildado de insuficiente e incluso de “ridículo” el presupuesto aprobado, una vez desglosado lo previsto en vivienda pública anualmente, El sindicato lo ha cifrado en 336 millones, “lo que representa un 1% del gasto militar”.
No cabe duda que este Gobierno está manteniendo cifras macroeconómicas muy buenas, pero pese a ello, la cuestión de la vivienda es la que puede hacerles perder las elecciones del año próximo. Hasta ahora no se ha atrevido a intervenir como han hecho algunas comunidades autónomas, como la de Cataluña, y ese coste social cada día es más alto.
La vivienda en propiedad era un elemento central de cohesión y bienestar sobre el que se articulaba antes toda la sociedad española, llegando la propiedad al 85% de los hogares. Pero ese modelo estalló en 2008 y ya no puede reproducirse. En esa época empieza a surgir una generación inquilina, excluida de la propiedad y de todos esos sistemas de protección socioeconómica.
Se restringe el crédito a la población y empieza la demanda especulativa, que compra viviendas para alquilar como fuente de inversión y con expectativas de obtener una gran rentabilidad. Ahora estamos descubriendo que, en todo casero, pequeño o grande, puede esconderse un especulador.
La crisis es del Estado de Bienestar. Se ha roto la promesa a los jóvenes de que, si estudias, trabajas y te esfuerzas, van a tener una vida digna y con relativo bienestar. La realidad es que siguen viviendo en casa de sus padres. Eso genera una gran desafección.
Ahora nos intentan vender que la crisis de la vivienda tiene que ver con la propia dinámica del mercado, pero los mercados están muy intervenidos para favorecer la especulación. La subida de los precios es el gran motor de la desigualdad y la exclusión del sistema.
El Estado no puede seguir siendo un subordinado de los fondos de inversión, tiene que actuar políticamente. No puede, simplemente, comprar viviendas de esos fondos. Tiene que sanear el mercado de especuladores y ajustar los precios a los salarios y a la economía real.
Es más, como ha prometido el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, habría que arrebatar la ciudad a los fondos de inversión y de los grandes magnates para devolvérsela a sus habitantes, con un impuesto anual a los dueños de segundas residencias millonarias, que normalmente pertenecen a las grandes fortunas. Amancio Ortega de Inditex, posee una cartera inmobiliaria de 21.200 millones de euros.
La vivienda se tiene que proteger como la sanidad o la educación, con un sistema de regulación que ponga límites a la especulación, a los precios y que garantice su función social. No se puede convertir todo en pisos turísticos, alquileres de temporada o negocio de especuladores.
Una solución es construir, pero si se va a construir tienen que ser viviendas asequibles como sucede en Europa, con promotores sociales, asociaciones o cooperativas, que buscan producir un beneficio limitado, porque no puede ganar todo lo que se quiera, sino garantizar una vivienda y alquileres dignos para la gente.
También cuando se vaya a pujar por un suelo, debe haber una compra preferente de la administración, porque el especulador puede pagar tres veces más, y repercutirlo en el precio. Por eso, también se tiene que regular quién construye, cómo y bajo qué perspectiva, para fomentar que nuevos actores entren en el mercado inmobiliario.
Si esta crisis de la vivienda, que dura ya demasiado tiempo, continua, el ladrillo dejará de ser un refugio y se convertirá en un muro cada vez más alto. Porque cuando el acceso a la vivienda se resquebraja también se rompe el contrato social, lo que impulsa la polarización y el populismo con un resentimiento generacional real y con riesgo de un colapso social y democrático.