IAM/ALJ
En una encuesta de Metrocospia para unos estudios realizados sobre Discriminación, Pobreza y Exclusión Social de nuestro país, el 93% de los encuestados dice que deberían revisarse con carácter retroactivo los desahucios en los que se den cláusulas abusivas introducidas por las entidades financieras. Ahora declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a regular según las leyes europeas el procedimiento hipotecario español. También el 90% de los encuestados piden generalizar la dación en pago. Además la dación en pago cuenta con el apoyo del casi millón y medio de firmas que avalan la Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite por el Congreso. Estas medidas ya han sido rechazadas por los bancos, dicen que supondría encarecer y restringir los créditos. ¿Cuáles?, porque ahora los créditos están restringidos sin estar aprobadas estas medidas.
Lo que no entiendo es como algo que quiere la inmensa mayoría de los españoles, no sea aprobado por sus representantes -diputados y senadores-. Una nueva frustración, no solo para el millón y medio de ciudadanos que firmaron la Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite en el Congreso, sino para el resto de los españoles afectados o no por estos abusos bancarios. Así que no me extraña que las encuestas confirmen algo que los partidos políticos y diputados no quieren reconocer, ni admitir. La realidad es que el 87% de los ciudadanos no confía en este Gobierno para defender sus intereses. Pero, tampoco en el principal partido de la oposición (el 86%) ni en el resto de los partidos (el 72%). Sin embargo, si confían en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (el 81%) y en las ONG (el 76%). La confianza de los ciudadanos en los jueces y fiscales parece caer en terreno de nadie, pues están divididos al cincuenta por ciento.
No es una buena señal para la consolidación de nuestra democracia que para la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos, el ritmo lo marque el clamor popular o las decisiones judiciales. La primera instancia debería ser el Parlamento, y no la calle o los tribunales, para velar por las necesidades y derechos de todos los ciudadanos. Pero para eso debería cambiar el sistema electoral español, y hacer que los diputados tuvieran mandato imperativo, respondiendo directamente ante sus votantes en vez de actuar siguiendo una estricta disciplina de sus partidos. Los partidos se han convertido en estancias cerradas, en las que, a pesar de lo cargado de la atmosfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas y casi nadie en ellos tiene un conocimiento personal y directo de la sociedad civil o de la economía real.
Sé que no existe un sistema electoral perfecto, pero en España habría que cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Lo bueno del sistema mayoritario es que produce cargos electos que responden ante sus electores en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Por supuesto, que un sistema electoral mayoritario no es el bálsamo que vaya a curar al instante cualquier herida del sistema. Pero probablemente generaría una clase política diferente y, sobre todo, más adecuada y funcional a las necesidades de nuestro país. Así que si la clase política quiere recuperar la confianza de los ciudadanos, algo tendrá que hacer para que el Congreso de los Diputados no sea solo el lugar donde se elaboran las leyes, sino también la institución que exige la rendición de cuentas. Función esencial en cualquier democracia, desaparecida hoy por completo de la vida política española. Y así nos va.
