El tráfico de drogas supone la actividad criminal «de más peso» en la provincia gaditana, principalmente de hachís, interviniéndose el pasado año 13 toneladas más que en 2011. De hecho, según recoge la Fiscalía Superior de Andalucía en su memoria de actividad anual, de las 13.471 acusaciones formuladas por la Fiscalía Provincial de Cádiz, 2.427 son de esta materia y de las 12.638 sentencias dictadas, 2.375 de éstas son de causas por tráfico de drogas.   Tal y como apunta el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el número de detenciones por este delito también ha ascendido, pasando de 3.551 en 2011 a 4.007 en 2012.   En este sentido, la Fiscalía alerta de la preocupación existente en la Jefatura provincial por la «posible rebaja de recursos» en la lucha contra la droga de los grupos Greco (Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado). De hecho, entiende que la «especialización» de las personas que componen estos grupos, la dotación de medios de que disponen y su movilidad geográfica, los hacen «especialmente aptos» para llevar a cabo investigaciones dirigidas contra grupos organizados «con alto grado de preparación», así como contra el blanqueo de capitales consiguiente.   Asimismo, refiere la Fiscal Jefe su preocupación por la supresión de dos plazas de refuerzo con que contaba la Fiscalía de Cádiz desde enero de 2010, con las que se reforzaba la Sección de Fiscales Antidroga en Jerez y Algeciras. Tampoco en 2012 se ha atendido la petición del propio Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de creación de una plaza de Fiscal Delegado para Jerez de la Frontera, precisa.   El informe hace igualmente referencia al robo con fuerza perpetrado en la  madrugada del 29 de septiembre de 2012 en el depósito de droga dependiente del Área de Sanidad Exterior de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, «logrando los delincuentes sustraer casi 300 kilogramos de cocaína y unos 200 kilogramos de hachís».   Asegura la Fiscalía que este robo se ha «vinculado directamente en los medios de comunicación con la tardanza de los juzgados de la provincia a la hora de acordar la destrucción de las partidas de droga intervenidas»; pero  «discrepa» la Fiscal Jefe de esa valoración, pues señala que «el volumen de partidas almacenadas no guarda relación con la mayor o menor seguridad del depósito».DILACIONES INDEBIDAS «CON EXTRAORDINARIA FRECUENCIA»   Alerta igualmente la Fiscalía de que la atenuante de dilaciones indebidas se aplica «con extraordinaria frecuencia» en las sentencias condenatorias de esta demarcación por extenderse la duración de los procedimientos «más allá de lo razonable», destacando especialmente en este sentido los asuntos de tráfico de drogas.   En ellos, según el informe, la fase de instrucción «en muchas ocasiones» está prácticamente finalizada una vez «reventada» la investigación y detenidos los autores e intervenida la droga. Así, detalla que las declaraciones como imputados se producen «inmediatamente» tras la detención y, por tanto, la única diligencia a practicar es el cotejo del contenido de las intervenciones telefónicas, «si estas han existido», y el análisis de las sustancias estupefacientes.   A pesar de ello, según la Fiscalía, «pocos son los casos que se enjuician en menos de un año desde que eso ocurre»; estando la media en «unos dos o incluso tres años en causas con preso y muchos más (habiendo llegado muchas causas a plazos de más de diez años) en las causas con los acusados en libertad».   Entre las causas de lo anterior, apuntan a la «enorme» carga de trabajo que tienen que soportar los Juzgados de la provincia, todos ellos Juzgados mixtos, con excepción de Cádiz, Algeciras y Jerez; y por otra, a la «obsoleta» regulación procesal que permite que «muchos» de los letrados, «especialistas en la materia», lleven a cabo durante esta fase «que debería ser puramente de investigación, so pretexto de obtener un proceso con las debidas garantías, recursos que no pocas veces tienen una finalidad claramente dilatoria».   Según el Ministerio Público, las dilaciones producen «un gran desánimo», no sólo en los miembros del Ministerio Fiscal, sino de todos los profesionales que intervienen desde el inicio de las investigaciones «y provocan a veces escándalo en la ciudadanía que no puede entender que delitos tan graves finalmente tengan una respuesta penal tan débil».