El ascenso a comandante de Joaquín Franco llega tarde pero se produce en un momento especialmente significativo para el hasta ayer capitán de la Guardia Civil.
Franco, actual jefe de la Policía Judicial de Algeciras, debió subir de categoría en 2019 pero lo impidió un procedimiento que le acusaba de colaborar con los familias de la droga del Estrecho contra las que ha luchado toda su vida profesional.
El pasado septiembre, la Audiencia Provincial de Cádiz le dio el pasaporte para salir airoso de un proceso que dejó suspendida su vida profesional -quizá también la personal- durante cuatro años.
Franco es uno de los mayores expertos en el funcionamiento de los clanes del narcotráfico dado su profundo conocimiento de los mecanismos con los que operan. Fue precisamente la persecución de este delito lo que le trajo la etapa más amarga de su carrera.
Franco fue imputado por colaborar con aquellos a los que combatía. El proceso fue pedregoso y se prolongó cuatro años que se hicieron eternos. Quizá lo más doloroso fue verse detenido -y también señalado- por los suyos en 2019. El ahora comandante era para muchos un guardia civil con dilatada experiencia fuera de toda sospecha y lo consideraron «víctima» de la guerra del narco.
El 27 de septiembre de 2023 llegó la sentencia absolutoria que le restituía en su cargo aunque, tal como reconocía él mismo, no reparó «el daño». El fallo fue ampliamente celebrado entre sus compañeros, que nunca dudaron de él a pesar de la virulencia del proceso judicial.
Franco estuvo acusado de revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Antes de aquella pesadilla, recibió varios reconocimientos.
En 2009 fue condecorado por la Subdelegación de Gobierno de Cádiz por su lucha contra el tráfico de estupefacientes en el Estrecho.
