TCAM-ANDALUCÍA/M.P.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado un total de seis delitos al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que, según la magistrada, era conocedor de que las ayudas investigadas se daban de manera «irregular», todo ello «con independencia de que se gastaran en cocaína o en la compra de fincas».
Por espacio de 90 minutos, la magistrada ha realizado un relato de los hechos que le imputa y le ha atribuido al exconsejero de Empleo cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil, han informado a los periodistas varios abogados personados en la sala de vistas donde se está celebrando la comparecencia.
«Autor» del convenio marco que legalizó las ayudas
Asimismo, la juez considera que el exconsejero fue «autor», junto a otras personas y asesores externos, del convenio marco firmado en 2001 que permitió materializar estas ayudas irregulares, convenio y procedimiento que la juez ha definido como «sistema operativo». Además, la juez ha dicho que las ayudas concedidas a través de este convenio «eran nulas de pleno derecho» por infracción del artículo 39 de la Ley General de Hacienda Pública andaluza, ya que no contaban con asignación presupuestaria, según las mismas fuentes.
Ha asegurado también que habría autorizado ayudas por valor de 17 millones de euros a «15 o 20 empresas» de Jerez de la Frontera «por ser su localidad de nacimiento».
Tras indicar que el exconsejero habría incumplido la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, la juez le ha imputado que su relación laboral con González Byass «estaba extinguida» cuando fue incluido en una póliza.
Por último, y en el relato de hechos, la juez Mercedes Alaya ha apuntado que un total de tres de las ayudas investigadas, concretamente las referentes a las empresas Acyco, Santana Motor y Promi, habrían llegado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
