La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha una nueva iniciativa destinada a facilitar a los ayuntamientos con menos recursos económicos la prestación de servicios mínimos obligatorios. Se trata del Plan de Acciones Integradas para la Revitalización de Entornos Rurales en municipios menores de 10.000 habitantes, de cuya gestión se hace cargo el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la que es responsable el vicepresidente cuarto Germán Beardo, aunque su desarrollo implica como es habitual la colaboración activa de otros departamentos de la administración provincial y, en concreto, de la delegación de Asistencia a Municipios, responsabilidad de Antonio Aragón.
Este proyecto tiene como objetivo satisfacer las demandas de las personas usuarias de servicios públicos en los municipios de menor población de la provincia. Para garantizar su acceso, la Diputación aportará 1,8 millones de euros de su presupuesto que estarán destinados a asistir económicamente a los ayuntamientos cuyas dificultades económicas supongan un riesgo para la prestación de servicios mínimos obligatorios.
Podrán solicitar su incorporación a este plan todos los municipios con una población de hasta 10.000 habitantes que justifiquen encontrarse en riesgo extremo de cesar la prestación de estos servicios. En relación a los criterios para la distribución de las ayudas, la iniciativa prevé dos líneas, en función de la población. Así, los municipios con menos de 5.000 habitantes percibirán una subvención máxima de 200.000 euros. En el tramo siguiente, las poblaciones con más de 5.000 habitantes y menos de 10.000 podrán solicitar ayudas de hasta 500.000 euros.
El diputado Germán Beardo ya ha firmado el decreto por el que se aprueba el proyecto de plan y de bases reguladoras. La formulación definitiva deberá incluir las acciones concretas que se pondrán en marcha, una vez los ayuntamientos destinatarios hayan remitido sus solicitudes de adhesión a la iniciativa, todo ello de acuerdo a la normativa vigente.
En todos los municipios incluidos dentro del ámbito subjetivo de este plan se podrán financiar gastos relacionados con los servicios mínimos de competencia municipal, caso de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En aquellos con una población de entre 5.000 y 10.000 habitantes se podrán financiar además gastos relativos a los servicios de parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Todas las actuaciones deberán estar recogidas en los respectivos presupuestos o corresponder a gastos pendientes de pago, siempre y cuando el acceso a la ayuda no suponga un recurso para generar crédito presupuestario.
Para acogerse a la iniciativa, puesto que deben ser situaciones de extrema necesidad, los ayuntamientos deberán cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran: situarse en situación de riesgo financiero al haber obtenido resultado negativo en el remanente de tesorería para gastos generales en la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio anterior y, de forma simultánea, exceder el plazo mínimo de periodo de pago a proveedores; presentar un plan de saneamiento presupuestario y financiero en el que el Ayuntamiento establezca medidas para hacer frente a los gastos para los que solicita la ayuda en el próximo presupuesto municipal; presentar un estudio del coste efectivo de los servicios municipales para los que solicita la subvención en aras de que el Servicio de Asistencia a Entidades Locales -SAEL- pueda determinar si la reducción de los mismos es posible mediante otras formas de colaboración; así como un plan de tesorería para los próximos seis meses que permita la reducción del periodo medio de pago a proveedores.
La dotación económica de este plan está financiada al 100 por 100 por la Diputación de Cádiz. De acuerdo con el proyecto financiero establecido, cada entidad percibirá por adelantado el 100 por 100 de la ayuda asignada.
Una vez firmado el decreto de aprobación del proyecto, la Diputación ha remitido a los ayuntamientos destinatarios información sobre la iniciativa. La intención es mantener con sus representantes una próxima reunión en la que concretar detalles y resolver dudas.
