El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto-ley 5/2026, una norma de carácter urgente destinada a responder a los graves daños ocasionados por las fuertes lluvias, inundaciones y temporales registrados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, especialmente en Andalucía y Extremadura. Visita del Pedro Sánchez a San Roque tras el temporal.
El decreto declara las zonas afectadas como áreas gravemente impactadas por una emergencia de protección civil y articula un amplio paquete de medidas económicas, fiscales, laborales y de Seguridad Social orientadas a facilitar la recuperación de familias, autónomos, empresas y administraciones locales.
Más allá de las ayudas por daños en viviendas o explotaciones agrarias, el texto incorpora instrumentos que afectan de forma directa al tejido empresarial.
Liquidez inmediata para empresas y autónomos
Entre las medidas más destacadas se encuentran las ayudas económicas directas, concebidas para aliviar el impacto financiero sufrido por negocios cuya actividad se haya visto alterada por los temporales.
Las cuantías para empresas se fijan en función de su facturación anual, con importes que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros. En el caso de los trabajadores autónomos, se establece una ayuda de 5.000 euros en pago único.
Estas ayudas deberán solicitarse a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria antes del 30 de junio de 2026 y presentan dos características especialmente relevantes: no tributan fiscalmente y son inembargables.
El objetivo, según recoge el decreto, es proporcionar oxígeno financiero inmediato y evitar tensiones de tesorería que puedan desembocar en cierres empresariales.
Beneficios fiscales para reducir la presión económica
El Gobierno también introduce medidas de alivio tributario. Los inmuebles dañados quedarán exentos del IBI durante 2026, mientras que las empresas afectadas podrán acogerse a reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) cuando su actividad haya sufrido interrupciones o limitaciones.
Además, se contemplan exenciones en tasas administrativas vinculadas, entre otros supuestos, a la baja de vehículos siniestrados o la reposición de documentación destruida.
Flexibilidad laboral y protección del empleo
En el ámbito laboral, el decreto facilita la aplicación de ERTE por fuerza mayor para empresas afectadas. Estos expedientes contarán con una tramitación más ágil y garantizarán que los trabajadores perciban el 70% de su base reguladora sin necesidad de cumplir periodos mínimos de cotización.
Asimismo, el tiempo en ERTE no consumirá prestaciones futuras por desempleo.
A cambio, la norma establece una condición clara: las empresas que se beneficien de estas ayudas o mecanismos extraordinarios no podrán despedir alegando causas derivadas del temporal. De hacerlo, el despido será declarado nulo y deberán reintegrarse las ayudas recibidas.
Medidas en cotizaciones y Seguridad Social
El decreto contempla también herramientas para aliviar cargas sociales. Las empresas podrán solicitar exenciones, aplazamientos o moratorias en cotizaciones, mientras que los autónomos tendrán acceso a prestaciones por cese de actividad sin exigir el periodo mínimo habitual de cotización.
Financiación para la recuperación
Como complemento, el Gobierno habilita una línea específica de avales públicos destinada a facilitar financiación y respaldar procesos de recuperación o reconversión de actividad.
Un paquete para sostener la economía en zonas afectadas
El Real Decreto-ley 5/2026 configura así una respuesta integral que combina ayudas directas, incentivos fiscales y flexibilidad laboral. El propósito declarado es claro: proteger el empleo, sostener la actividad económica y evitar cierres empresariales en los territorios más castigados por los fenómenos meteorológicos extremos.
En un contexto de creciente frecuencia de episodios climáticos severos, el decreto refuerza el papel de los mecanismos extraordinarios como herramienta de estabilización económica.
