Fernándo López Gil junto a José Antonio Griñán
TCAM-CÁDIZ/M.J.R.
Este jueves 10 de mayo de 2012, a través de un escrito al presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), los diputados provinciales José María Román y Fernando López Gil, avisaron de la designación de Irene García (alcaldesa de Sanlúcar) como la nueva portavoz del PSOE en Diputación, cesando así de su cargo a Francisco González Cabaña, quien ya anunció que dejaría su puesto para dedicarse de pleno al Congreso en próximo 21 de mayo.
Tras conocer la noticia, el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, pidió por escrito a Loaiza que no tuviera en cuenta ese nuevo nombramiento al considerar que incumplía la legalidad de su partido, y lo calificó de un suceso «muy grave».
Los socialistas en Cádiz se acogieron al artículo 22 del Reglamento de Diputación (“La designación de portavoz o de suplente puede variarse a lo largo del mandato corporativo, mediante escrito dirigido al Presidente de la Diputación, suscrito por la mayoría absoluta de los componentes de cada Grupo”) para justificar este cambio, sin embargo, Cabaña avisó que no podían acogerse a ese punto ya que el PSOE «no los ha facultado para ello porque no se ha llevado a cabo el proceso a nivel de partido».
Sin embargo, el escrito presentado por Román y López Gil para designar el cambio en la portavocía socialista recibió el apoyo de siete de los 12 diputados provinciales del PSOE: Irene García, Fernando López Gil, José María Román, María Naval, Diego Sánchez Rull, María del Carmen Matiola y Pilar Sánchez. Ajenos a esta rebelión se quedaron, además del propio Cabaña, los otro cuatro miembros del Grupo Socialista que les siguen siendo fieles, es decir, Federico Pérez Peralta, Olga González, Alfonso Moscoso y Gemma Araujo.
Desde la constitución de la Corporación provincial, en julio del año pasado, esta responsabilidad venía siendo asumida por González Cabaña, con Federico Pérez Peralta e Irene García como portavoces adjuntos, la nueva propuesta sitúa a la alcaldesa de Sanlúcar como portavoz titular, con el chiclanero José María Román y el algecireño Diego Sánchez Rull como suplentes.
Griñán y González Cabaña, juntos en un mitín
Además de «ilegal», Cabaña consideró este hecho como una decisión «muy desafortunada», ya que ésto sólo servía para «ahondar más en la fractura interna del partido» y mostrar al público «las miserias del PSOE».
El dirigente socialista ya anunció este lunes 7 de mayo que presentaría su renuncia como portavoz en Diputación el próximo Pleno que se celebra el 21 de mayo, por lo que ha considerado este anuncio como «incomprensible e injustificada».
Con la composición del nuevo Gobierno andaluz, está previsto «el nombramiento de algún diputado socialista», según adelantó González Cabaña, hecho al que atribuyó las «prisas» por adelantar el cambio de portavoz. Algunos de los diputados firmantes puede que reciban algún nombramiento y deberán dejar Diputación, o «con esto están intentando influir en el proceso de asambleas que empieza el día 18 de cara al Congreso Regional del PSOE-A y no les da tiempo», acusó el secretario general de los socialistas gaditanos.
A juicio del socialista, con un «cambio de voluntades» de diputados como José María Román, quien ha comunicado que será portavoz adjunto del Grupo en detrimento de Federico Pérez Peralta, o Diego Sánchez Rull, este grupo que se viene llamando de «renovadores estaría pretendiendo visualizar una mayoría que no tienen a nivel provincial» en proceso asambleario que se inicia ahora.
Deslealtad
Francisco González Cabaña no ha ocultado su decepción con diputados como Román, Sánchez Rull y Carmen Matiola, tres de los siete que integran la mayoría necesaria para reclamar el cambio en la Portavocía, conforme al Reglamento de la Diputación, ya que se trata de personas que él mismo propuso y «se supone que tendrían que tener un mínimo de lealtad».
Cabaña aseguró tener ya «tres máster en traiciones», por lo que su verdadera preocupación en todo este asunto es «el espectáculo político de daño a la imagen del partido, la utilización de procedimientos que están fuera de la legalidad» y, sobre todo, que se trata de una cuestión «totalmente alejada de los intereses de los ciudadanos» y que contribuye a «minar su confianza».
