El PSOE de Tarifa ha expresado su rechazo al Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía sobre viviendas protegidas, al considerar que la norma “favorece la especulación” y “dificulta el acceso a la vivienda” de las familias trabajadoras. Según la agrupación socialista, el nuevo modelo impulsado por el Gobierno andaluz y respaldado por el equipo de gobierno local “distorsiona” el sentido original de la VPO.
Entre las críticas principales, el PSOE señala que la actualización de módulos y coeficientes derivada del decreto supone un incremento del precio máximo de las viviendas protegidas de hasta un 65%, lo que situaría una VPO de 70 m² en torno a 200.000 euros. A su juicio, esta cifra resulta “inaccesible” para la mayoría de los hogares tarifeños, cuya renta media bruta ronda los 25.000 euros anuales. El partido también cuestiona que la norma permita acceder a estas viviendas a familias con ingresos de hasta 58.000 euros al año, cifra que considera “muy por encima” de la capacidad económica habitual en el municipio.
Otra de las críticas se centra en la reducción del periodo mínimo de protección de las VPO, que el decreto fija en siete años frente a los treinta exigidos anteriormente. El PSOE sostiene que esta medida facilita la posterior venta y “abre la puerta a usos especulativos”. También alerta sobre la posibilidad de transformar suelos no residenciales en suelos para vivienda protegida sin modificar el planeamiento urbanístico, lo que, según la formación, puede propiciar operaciones urbanísticas con escaso control.
En paralelo, el PSOE de Tarifa denuncia la “parálisis” de diferentes promociones de vivienda en el municipio. Entre ellas cita las 55 viviendas de Albacerrado, afectadas por una doble inmatriculación; las 30 viviendas de El Olivar, pendientes de avances administrativos; y las 97 viviendas del Matadero, que —según indica— cuentan solo con el proyecto básico y de demolición, con una financiación parcial de 3 millones de los 11 necesarios. También hace referencia al sector promovido por Metrovacesa, que contempla 76 viviendas protegidas y cuyo proceso de urbanización considera aún no iniciado.
La agrupación socialista defiende un modelo de vivienda orientado a la protección social y al acceso equitativo, y sostiene que el decreto andaluz “no responde a la emergencia habitacional” del municipio. Según el partido, es necesario un sistema de VPO que priorice a las familias con menos recursos y garantice políticas públicas “serias y orientadas al interés general”.
