El grupo Verdes de Europa-Tarifa ha reclamado al Ayuntamiento el cumplimiento de sus funciones urbanísticas y jurídicas en relación con la urbanización El Cuartón, una situación que, según la formación, se prolonga desde hace más de 50 años y que, a su juicio, afecta tanto a los propietarios como al entorno ambiental en el que se ubica, próximo a dos parques naturales de alta protección.
La organización sostiene que durante décadas se ha permitido la clasificación y comercialización de parcelas como suelo urbano cuando, según afirman, la finca matriz está inscrita como rústica en el Registro de la Propiedad. Asimismo, denuncian que el Ayuntamiento habría otorgado licencias de obras sin que existan infraestructuras básicas, al tiempo que se habrían cobrado impuestos correspondientes a suelo urbano consolidado.
Según Verdes de Europa-Tarifa, esta situación habría generado inseguridad jurídica y un deterioro progresivo tanto del patrimonio municipal como de los derechos de los propietarios. El grupo añade que la urbanización presenta carencias estructurales derivadas de la falta de planificación y de la ausencia de servicios básicos.
La formación también hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021, vinculada a un expediente iniciado en 2014, que —según indican— obligaría al Ayuntamiento a asumir la conservación de la urbanización mediante la expropiación de viales y zonas libres. Verdes de Europa-Tarifa afirma que dicha resolución no se ha ejecutado hasta la fecha.
La portavoz del colectivo, Rosmarie Hennecke, sostiene que el promotor inicial no llegó a ejecutar las infraestructuras previstas y que, posteriormente, se trasladó esa responsabilidad a una comunidad de propietarios cuya legalidad cuestionan. Según el grupo, los propietarios habrían asumido obligaciones que corresponderían al promotor o a la administración para poder obtener licencias de obra.
Verdes de Europa-Tarifa considera que el caso de El Cuartón refleja problemas estructurales en la gestión urbanística del municipio y reclama al Ayuntamiento que asuma la conservación de la urbanización conforme a la sentencia judicial. También pide que se adopten medidas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y que se eviten actuaciones que, a su juicio, puedan seguir afectando al entorno ambiental.
