El grupo Verdes de Europa-Tarifa ha hecho pública una nota en la que alerta sobre posibles irregularidades en la gestión de los proyectos de viviendas protegidas previstos en las zonas de Matadero y Extramuros, señalando que, a su juicio, no se habría aplicado el denominado principio europeo de “no causar perjuicio significativo al medio ambiente” (DNSH), recogido en el Reglamento de la Unión Europea de junio de 2020 sobre inversiones sostenibles.
Según el comunicado, esta situación podría afectar a la financiación y al desarrollo de distintas actuaciones promovidas en el municipio, al tratarse de un requisito obligatorio para proyectos que optan a fondos europeos.
Falta de información y consultas a ministerios
La formación señala que, ante la falta de información por parte del Ayuntamiento de Tarifa, solicitaron aclaraciones a distintas administraciones, incluyendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Según indican, tras acudir al Consejo de Transparencia, recibieron respuesta del Ministerio de Vivienda a comienzos de febrero.
En dicho escrito, fechado el 23 de enero de 2026, el Ministerio señala que en esa fecha aún no se había procedido a la licitación de las obras necesarias para ejecutar el proyecto, lo que, según el documento, podría poner en duda que la financiación prevista llegue a hacerse efectiva debido a la proximidad de los plazos establecidos.
Desalojo de AFITA y demolición del edificio
Verdes de Europa-Tarifa también relaciona esta situación con el desalojo de la asociación AFITA, que se produjo el 29 de diciembre de 2025, y con la demolición posterior del edificio el 13 de enero de 2026, actuaciones que, según el grupo, se realizaron sin publicación oficial previa.
La formación recuerda que ya en enero de 2026 había advertido públicamente de lo que considera una acumulación de irregularidades administrativas relacionadas con este proyecto.
Defensa de las VPO, pero cumpliendo la normativa
En su nota, el grupo insiste en que no se opone a la construcción de viviendas protegidas, pero reclama que se ejecuten cumpliendo la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la legislación europea sobre sostenibilidad ambiental, que obliga a que los proyectos financiados con fondos públicos no perjudiquen objetivos como la protección del clima, el agua, la biodiversidad o la reducción de la contaminación.
Críticas al trato a asociaciones
La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, lamenta el desalojo de colectivos sociales y considera que las asociaciones cumplen un papel importante en la cohesión social.
En el comunicado, también critica lo que considera falta de sensibilidad institucional hacia estos colectivos y pide mayor transparencia en la gestión de los proyectos urbanísticos.
Petición de responsabilidad y transparencia
Verdes de Europa-Tarifa concluye su comunicado solicitando mayor control sobre las actuaciones públicas y advirtiendo de que tanto administraciones como empresas deben cumplir la normativa europea vigente, incluida la relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal.
El grupo, que actualmente no tiene representación en el Ayuntamiento, pide además mayor colaboración entre instituciones y ciudadanía para garantizar que los proyectos urbanísticos se desarrollen conforme a la legalidad.
