Varias plataformas y organizaciones vecinales se han coordinado para protestar en las calles en contra del modelo actual de vivienda. En Cádiz la plataforma vecinal Cádiz Resiste ha convocado a los gaditanos en la Plaza de San Antonio; en Tarifa, la organización ciudadana Tarifa Para Vivir (TPV) ha hecho lo propio en el paseo de la Alameda; y por último, en la Línea la Federación Linense de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavi) se han reivindicado en la plaza de la Iglesia. Así lo han detallado los diferentes convocantes de las localidades en notas de prensa. Foto redes

Las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, además de las localidades gaditanas de Tarifa y La Línea de la Concepción, se han manifestado este sábado por el problema de la vivienda y el modelo de «explotación turística». La concentración de la capital sevillana, Tarifa (Cádiz) y La Línea de la Concepción (Cádiz) comenzó a las 12:00 horas. En cambio, en Málaga y Cádiz capital se han realizado a las 11:30 horas.

Una manifestación multitudinaria reclama en València medidas para garantizar el acceso a la vivienda: «Nos están expulsando de la ciudad»
Madrid sale a las calles para clamar por la bajada de los alquileres y manifestarse contra la situación de la vivienda
Según han destacado las respectivas plataformas convocantes, en Málaga capital se habrían movilizado unas 30.000 personas, mientras que en la ciudad de Sevilla habrían sido unas 35.000, y en torno a 4.000 en la capital gaditana. En Sevilla, la plataforma vecinal Sevilla para Vivir (SPV) ha efectuado el recorrido desde el Palacio de San Telmo a las Setas, mientras que la organización Málaga para Vivir (MPV) se ha concentrado en la plaza de la Merced.

Por su parte, la organización SPV ha asegurado que «es un problema estructural, de clase y de poder», por ello han afirmado que «es hora de dejar atrás la retórica del buen ciudadano». Además, han criticado que «el gobierno progresista, en conjunto con el resto de administraciones y aliado con los fondos de inversión, los bancos, los propietarios y los rentistas», han buscado en los últimos meses «blanquear su complicidad en la gestión de la crisis habitacional».

De este modo, han declarado que el Gobierno central «lanza medidas conciliadoras» que pasan por «blindar la capacidad de especulación de los propietarios y rentistas», en referencia al bono joven, que «terminará siendo un mecanismo de transferencia de dinero público a bolsillos privados alcanzando los 200 millones de euros». Además, han detallado que el Gobierno local «sigue con su objetivo de exprimir turísticamente la ciudad, provocando que más vecinos sean expulsados de sus barrios».

Al hilo de esto, la plataforma MVP ha puesto en el centro del debate ciudadano su crítica a un modelo de ciudad que, según expresan, «expulsa a las vecinas y vecinos, convierte la vivienda en un negocio y erosiona el tejido social».

Así, han recalcado que la situación es «insostenible», y han adelantado que tras la manifestación planean «continuar el proceso de autoorganización en los barrios, enfocados en tres ejes: vivienda, precariedad laboral y crisis climática o destrucción del territorio». «Estos ejes responden a las preocupaciones de las vecinas», han subrayado.

De igual modo, Cádiz Resiste «se levanta y toma las calles» por una vivienda digna y por el derecho a vivir en la capital. Porque han asegurado que «no van a permitir que nos echen de nuestras casas para hacer hueco a pisos turísticos y cruceros». En concreto, en Tarifa, la plataforma ciudadana ha manifestado que «las dificultades y los obstáculos para acceder a una vivienda en condiciones dignas no son nuevos». Además, ha apostillado que «los suelos y las casas que no se destinan a vivir, en su mayoría se destinan a la especulación urbanística e inmobiliaria».

Por último, en La Línea de la Concepción, la plataforma Flavia ha lamentado que «el efecto frontera eleve los alquileres», y que el parque público de vivienda «esté abandonado por la Junta». Por otro lado, han afirmado que «desde hace doce años, ninguna administración ha puesto un ladrillo de vivienda protegida», y que hay «más de 800 personas en situación de vulnerabilidad habitacional, y más de 190 personas sin hogar».

TARIFA

Este pasado sábado 9 de noviembre, el Paseo de la Alameda de Tarifa fue escenario de una significativa concentración ciudadana en defensa del derecho a una vivienda digna. La manifestación, convocada por la plataforma ‘Tarifa no se vende’, reunió a decenas de vecinos de todas las edades, quienes alzaron sus voces contra la creciente dificultad para acceder a la vivienda en la localidad.

Los manifestantes exigieron una serie de medidas concretas para abordar la crisis habitacional en forma de demandas ciudadanas como son:

Limitar las viviendas con fines turísticos
Frenar la especulación inmobiliaria
Controlar la turistificación masiva
Modificar las ordenanzas municipales
Crear una bolsa de vivienda de alquiler público asequible
La concentración se desarrolló bajo el lema «Si nos echan de las casas, nos veremos en las calles», reflejando la preocupación de los tarifeños por mantener su arraigo en la ciudad.

Esta movilización se produce dos meses después de que una protesta vecinal masiva obligara al ayuntamiento a paralizar un polémico convenio urbanístico con la empresa marbellí GranParcela SL. La plataforma ‘Tarifa no se vende’ surgió como respuesta a este convenio, que pretendía urbanizar más de 150.000 metros cuadrados del frente litoral urbano.

Solidaridad regional
La acción en Tarifa no fue un evento aislado. Se unió a una serie de manifestaciones similares en otras ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga y La Línea, todas ellas defendiendo el derecho a «una ciudad para vivir».

El sentimiento de la comunidad quedó plasmado en las pancartas de los manifestantes. Una de ellas, portada por un joven, rezaba: «Tengo mis amigos en Tarifa y mi colegio en Tarifa, no quiero ir a vivir a Algeciras, quiero quedarme en Tarifa», ilustrando el temor de muchos residentes a verse desplazados de su hogar.

La plataforma ‘Tarifa no se vende’ continúa trabajando en diversas acciones para promover un modelo de ciudad sostenible y accesible para sus habitantes, incluyendo la presentación de alegaciones, la recogida de firmas y reuniones con diferentes sectores de la población.