Tras recibir una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta en la que solicitaba información sobre el número de sentencias pendientes en los juzgados de la provincia de Cádiz, que acumulan más de 73.600 sentencias en trámite. Según la respuesta remitida por el Gobierno, y de acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, a fecha del pasado 31 de marzo se contabilizaban un total de 73.658 sentencias en trámite en la provincia gaditana. Desglosados los datos, de las 73.658 sentencias en trámite en la provincia de Cádiz, 52.265 corresponden a casos de jurisdicción civil, 18.912 a asuntos penales; hay 2.039 sentencias en trámite por los Juzgados de lo Social y 442 de jurisdicción contencioso-administrativa. El mayor número de sentencias en trámite corresponde a asuntos de jurisdicción civil de juzgados de primera instancia e instrucción (30.541 asuntos), seguido de 20.000 sentencias en trámite de casos civiles en juzgados de primera instancia. En cuanto al ámbito penal, de las 18.912 sentencias en trámite, 12.791 corresponden a casos vistos en los Juzgados de lo Penal. En declaraciones a Europa Press, Cabaña ha sostenido que la respuesta ofrecida por el Gobierno viene a confirmar que «está más preocupado en tratar de neutralizar los casos judiciales que investigan la corrupción en el seno del PP que en avanzar hacia una verdadera modernización y transformación de la administración de justicia». Cabaña señala que tanto la respuesta del Gobierno como la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2012 evidencian que es «muy elevada» la tasa de congestión, que relaciona los asuntos registrados más pendientes con los asuntos que se resuelven, «una dilación que, como bien señala el TSJA, motivan una pérdida confianza de la ciudadanía en el poder disuasorio de la justicia», apunta. El diputado socialista lamenta que el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz Gallardón, esté «empeñado en instrumentalizar políticamente los órganos judiciales en lugar de afrontar un auténtico cambio estructural del sistema judicial que alivie la sobrecarga de trabajo que sufre el colectivo judicial» y que, en su opinión, realiza «grandes sobreesfuerzos para mantener, a pesar de las dificultades y la escasez de plantilla, unos niveles de producción buenos». En este sentido, González Cabaña señala que la última Memoria del TSJA correspondiente al año 2012 aboga por un incremento de la plantilla en Andalucía de en torno a un nueve por ciento y plantea la necesidad de crear siete nuevas plazas judiciales en la provincia de Cádiz, distribuidas de la siguiente manera: dos plazas en Juzgados de Primera Instancia de Jerez y una plaza en Algeciras; tres plazas en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana (1), San Fernando (1) y San Roque (1) y otra plaza más en los Juzgados de lo Mercantil de Cádiz (1). El diputado socialista advierte de la necesidad de atender estas peticiones de aumento de plantilla, «habida cuenta de que Andalucía, y con ello la provincia de Cádiz, tiene la tasa de litigiosidad más alta de España (con 226,5 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes), una situación que también se ve condicionada por la problemática jurídico-social derivada de la crisis económica».
