La dirección de UGT-A denunciará ante el juzgado la destrucción de 1.756 archivos informáticos en un «borrado interno» entre los meses de enero y junio, según ha anunciado su secretario de Organización, Manuel Ferrer, que ha descartado una dimisión «en bloque» de los miembros de la Ejecutiva antes del Comité Regional extraordinario del 9 de enero. En su primera comparecencia pública tras asumir la coordinación del sindicato después de la dimisión de Francisco Fernández Sevilla como secretario general, Ferrer ha asegurado que el resto de miembros de la Ejecutiva descarta dimitir «en bloque» antes del Comité Regional porque «sería una gran irresponsabilidad dejar un vacío sin gestionar el sindicato durante casi cinco semanas». Agrega que las federaciones regionales y las uniones provinciales les pidieron que no dimitieran antes del 9 de enero. Ferrer, quien agrega que además se han copiado desde otro ordenador interno del sindicato otros 22.400 archivos, ha indicado que los 1.756 archivos se han destruido «escalonadamente» con el programa Cleaner C, de forma que «no podemos saber qué documentos se han borrado», desde un ordenador interno del sindicato, que ya está localizado, perteneciente al departamento de administración, aunque por el momento no ha acudido al juzgado «pues ya tenemos la certeza, pero hasta que no tengamos las pruebas de quien ha sido no denunciaremos», algo que «lo haremos en breve tiempo». Ha indicado que se abrieron tres expedientes «y dos de ellos se resolvieron por falta de pruebas con una amonestación, pues las claves no pueden ser dadas a otro trabajador, al ser claves personales». «En ese momento habrá denuncia externa, ante el juez, e interna en el seno del sindicato», ha aseverado Ferrer, quien indica que los archivos borrados «ahora están reescritos con la letra ‘Z’ y no deja huella de la operación; creo que es el mismo programa de los discos duros del PP». Ello, a su juicio, «hace el trabajo más difícil porque no podemos acceder a ello, pues, aunque se está estudiando la trazabilidad de las facturas, que sí la tenemos, hemos perdido esa trazabilidad y seguimiento», de forma que desconoce cuándo habrá resultados definitivos toda vez que «se alarga muchísimo, pues tenemos todos los archivos, pero en papel». Ferrer reconoce que esa destrucción de archivos y su efecto de «dificultar» en la investigación interna «pueda ser entendido en el exterior como una excusa, pero es la realidad», aunque indica que «lo que se encuentre y esté mal, se hará público y se devolverá y si no son solo errores puntuales sino algo más, lo diremos». En rueda de prensa, el portavoz sindical ha precisado que la dimisión de Francisco Fernández Sevilla el pasado viernes «fue una opción personal, un ejercicio de responsabilidad con la organización para que ésta estuviera libre para hacer los cambios que tuviera que hacer y clarificar las cosas que tuviera que clarificar», una decisión con la que «la Comisión Ejecutiva en pleno estuvo en desacuerdo y lo ve un error, pero fue una decisión personal suya». Ha explicado que tras la dimisión, será el Comité Regional donde las federaciones y uniones territoriales decidirán «o bien cubrir la vacante del secretario general, o bien convocar una gestora para convocar un congreso extraordinario que elija un nuevo equipo para UGT-A». De esta forma, las federaciones y uniones territoriales «serán las que tengan la responsabilidad de buscar una persona de consenso o un nuevo equipo». El dirigente sindical ha indicado que el Comité Regional está formado por 120 personas, esto es, 112 delegados más ocho miembros de la Comisión Ejecutiva, de forma que lo que se acuerde «debe ser aprobado por dos tercios del total 66,66 por ciento, esto es 80 delegados deberían votar una decisión para ser mayoría». Ferrer ha expresado su opinión personal sobre el futuro de UGT-A, y considera que «habría que buscar una Secretaria General que trabajara con un equipo ya conformado, aunque eso es complicado y se podrían hacer cambios en ese equipo». El dirigente sindical defiende que la actual Comisión Ejecutiva «es un buen equipo y podría haber una persona que los dirigiera, pues se están haciendo cambios importantes en la organización, para finalizar esos cambios». Este dirigente sindical descarta presentarse como secretario general», aunque estará «a lo que la organización marque». Agrega que el futuro secretario general «no tendría por qué pertenecer a la actual Ejecutiva. Ferrer indica que los actuales miembros de la Ejecutiva mantendrá sus puestos y no habrá secretario general hasta lo que se dedica el 9 de enero, de forma que las funciones de la Secretaría General quedan paralizadas, mientras que la Secretaría de Organización mantendrá la coordinación del equipo y la Ejecutiva seguirá trabajando durante esas cinco semanas.DEFENSA DE MÉNDEZ, PASTRANA Y FERNÁNDEZ Asimismo, ha defendido la postura «correcta» de UGT a nivel nacional, que «debe velar por aquellos organismos territoriales, se debe mantener la unidad política», tras lo que deja claro que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, «ha actuado conforme a su cargo», y asegura que «las organizaciones territoriales tienen autonomía financiera». Ferrer, que rechaza que Méndez tenga que dimitir aunque no ve mal que acudiera al Parlamento andaluz «y dé allí sus argumentos», ha asegurado que «ni Cándido Méndez, ni Francisco Fernández Sevilla ni Manuel Pastrana no conocían que había irregularidades, no sabían nada, ni tenían responsabilidad, pues no gestionaban el área económica». «Fernández Sevilla mantuvo que hay errores puntuales y nosotros lo mantenemos, porque el juzgado no nos ha reclamado nada y la Junta, tras requerirnos documentación, ha recibido 25.000 euros a voluntad nuestra, para no entrar en conflicto con el Gobierno andaluz», ha aseverado Ferrer, quien indica que «si al final es más cantidad y afecta a un programa completo, entonces no serán errores puntuales».CANTIDADES RECLAMADAS Y CRÍTICAS DE EXDIRIGENTES Preguntado por las cantidades reclamadas por la Junta, Ferrer asegura que actualmente «no sabemos lo que nos reclama», de forma que «ahora mismo hay dos expedientes abiertos, con lo que no estamos conformes», correspondiente a 1,1 millones y 700.000 euros, de programas del VI Acuerdo de Concertación Social, y otros 15 o 16 expedientes, pero «solo tenemos la confirmación de dos». «Ahora mismo no nos han reclamado nada, y conocemos perfectamente nuestras cuentas», aseveró Ferrer, quien recordó que hasta el momento se han devuelto 25.000 euros, se han provisionado 115.000 euros en una notaría y están trabajando sobre «alguna otra que pudiera estar mal», que no está cuantificada pero que «no rondaría más de 30.000 o 40.000 euros». Asimismo, preguntado por los maletines supuestamente falsificados, Ferrer ha indicado que económicamente no se ha podido averiguar qué es ni se ha comprobado su trazabilidad, aunque deja claro que «si se hicieron como se está diciendo, lo devolveríamos automáticamente, porque además sería algo contrario a lo que nuestro sindicato proclama». «Se devolverían aunque estuvieran bien imputados», ha dejado claro. Preguntado por las manifestaciones de exdirigentes críticos, Ferrer ha indicado que «son tres», de forma que «la organización en su gran mayoría nos pide que nos mantengamos en el puesto y no vamos a hacer caso de una minoría». Ha recordado que «son exdirigentes que estaban en la Ejecutiva anterior, y que salieron en el último congreso porque su capacidad sindical no era suficiente para estar ahí». «Estas personas cuando estaban en la Ejecutiva no hablaron cuando podían», ha indicado Ferrer, quien asegura que «aquí no hay caudillos».
