La cuestión planteada hace referencia a un detalle técnico de menor importancia.La investigación a la que está siendo sometido el Reino Unido responde a un asunto técnico más que a uno práctico. La principal crítica sobre las zonas naturales en el Reino Unido (y Gibraltar) es que los objetivos de conservación para las especies y hábitats protegidos por la UE son demasiado generales y amplios y, por lo tanto, no establecen prioridades claras para el mantenimiento o restauración de las especies y hábitats europeos protegidos con un estatus de conservación prioritario.
El Reino Unido respondió recientemente a la Comisión para disipar las preocupaciones a este respecto y asimismo, informa de que revisará los actuales planes de conservación y sus disposiciones reglamentarias.Dentro de la respuesta más amplia del Reino Unido, el Gobierno de Gibraltar también se ha comprometido a llevar a cabo esta revisión para finales de año. El Gobierno de Gibraltar está convencido de que la Comisión considerará razonable la propuesta. Asimismo, el Gobierno confía en que está gestionando adecuadamente todas las medidas prácticas necesarias para garantizar que las zonas protegidas de la UE en su territorio —en particular la zona Especial de Conservación Southern Waters of Gibraltar—, cumplen las disposiciones de la Directiva de Hábitats.Con todo, el artículo de El País se refiere a una investigación preliminar de la UE sobre un Estado miembro, el Reino Unido, que no constituye sino una entre tantas investigaciones abiertas contra otros Estados miembros, entre los que está España.Paradójicamente, el Gobierno español se encuentra en una situación mucho peor, puesto que la Comisión ya ha iniciado un procedimiento de infracción por el incumplimiento de su obligación de designar Zonas Especiales de Conservación (ZEC).Ciertamente, éste no es el único caso por el que el Gobierno español comparecerá ante el tribunal por el incumplimiento de sus obligaciones en materia medioambiental.A mediados de julio, la Comisión anunció que llevaría a España ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) por la inadecuada gestión de residuos en las comunidades de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. A pesar de los avisos previos de la Comisión, el Gobierno español no ha tomado medidas para cerrar, sellar y restaurar 61 vertederos ilegales, tal y como contempla la legislación europea en materia de gestión de residuos.
De hecho, cabe destacar que en el registro de infracciones medioambientales del año 2014 publicado por la Comisión Europea, España ocupó la segunda posición con 30 infracciones, a la par que Rumanía y tan sólo detrás de Grecia, con 36 infracciones.
