Estos datos reflejan un descenso del 5,24 por ciento de los delitos y faltas en términos globales, si bien destaca que los homicidios/asesinatos se han incrementado un 157,14 por ciento, pasando de siete en 2012 a 18 hasta julio de este año.   Además de ese índice, el SUP ha destacado otros en un comunicado, como la cifra de los delitos de lesiones, que han subido un 25,85 por ciento al pasar de 147 a 185. Según resume, el apartado de los delitos contra las personas ha experimentado un aumento del 29,27 por ciento en total.   Por otro lado, indica que los robos con violencia e intimidación han subido un 8,13 por ciento, mientras que los robos con fuerza en viviendas han bajado un 0,14 por ciento y un 6,6 por ciento en anexos a viviendas. También han bajado un 18,77 por ciento los robos con fuerza en establecimientos. Así las cosas, en el apartado de robos con fuerza el descenso ha sido del 8,86 por ciento.   El SUP también resalta que la sustracción de vehículos ha bajado un 24,57 por ciento y un 8,92 por ciento en el interior de vehículos. En total, los robos contra el patrimonio han bajado un 3,94 por ciento, según apunta.   En el citado periodo se han cometido un total de 9.130 delitos y 22.620 faltas. Dice el SUP que «estos índices se podrían mejorar si las plantillas policiales estuvieran bien dotadas de medios materiales».   Asimismo, ha criticado la «falta de transparencia de la clase política del momento, que, al igual que el anterior Ejecutivo, tan sólo busca el control total de los datos y su uso partidista, impidiendo cualquier tipo de supervisión y control por parte de los ciudadanos, partidos políticos de la oposición o sindicatos policiales, entre otros».   Entiende el sindicato que este comportamiento es «inadmisible en un Estado democrático» donde los ciudadanos «tienen derecho a una información veraz y contrastada sobre el estado de la delincuencia en sus ciudades».   Finalmente, tilda de «lamentable» que las instituciones y los ciudadanos «no puedan contrastar la veracidad de estos datos, viéndose sometidos al mismo trato de desinformación que cualquier república bananera: lo que dice el Estado es cierto, por decisión divina», apostilla.