Estamos rodeados de políticos incendiarios. Para ellos es más importante desprestigiar al adversario que abordar de verdad las posibles soluciones. Aprovechan la bronca política y las confusiones sobre las competencias del Estado autonómico para eludir la responsabilidad ante las desgracias de los incendios. En nuestra política siempre tienen que haber alguien que pueda presentarse como ganador en la disputa, cuando en este tema o ganamos o perdemos todos.
Sin duda habrá veranos peores que este. Habrá incendios aún más grandes y olas de calor aún más severas. Se trata de una verdad científica. Por eso, la tragedia de los incendios de 2025 debería servir para que todas las administraciones hagan un examen riguroso y preparen España para la próxima vez.
Ver los recursos tensionados al máximo ayuda a detectar por dónde se abren las costuras. Los profesionales saben con precisión dónde han estado los fallos. Sin embargo, lo mismo no se puede decir en el ámbito político. Esa confusión es deliberada.
Los incendios volverán a ser noticia el año que viene. Volverán porque los incendios no son gratuitos y con cada quema se pierden también barreras naturales contra el fuego. Volverán porque las olas de calor han venido para quedarse y no prenden la chispa, pero regalan el combustible. Volverán porque nuevas circunstancias, como el cambio climático, amplifican problemas estructurales. Volverán, porque los diagnósticos se pierden en vaguedades discursivas para eludir responsabilidades y, de paso, acusar al contrario.
Lo más lacerante de esta tórrida canícula es que estábamos avisados. Ya sabíamos que España está a la vanguardia de los países más afectados por el cambio climático, o que no hemos revertido el abandono de la España vaciada. Los incendios han afectado a casi todo el territorio nacional, pero los peores han tenido lugar en los lugares menos poblados, en las provincias más pobres, en esa línea paralela a la frontera con Portugal que baja de Norte a Sur, de la que tanto hablamos y por la que tan poco hacemos.
Cuando los incendios se apaguen, ¿qué podemos hacer para evitar portadas tan dolorosas el año que viene? Quienes sufren los incendios o trabajan contra ellos repiten siempre la misma palabra: Prevención. Por supuesto, planificando actuaciones y medios para llevarla a cabo. Frente a esto, resulta que la inversión pública forestal ha caído en picado: de los 1.742 millones de euros de 2009 a los 1.295 de 2022. ¿Las partidas con más recortes? Las de prevención, algo más de la mitad, y la de gestión forestal, es decir, la prevención indirecta. Sólo la partida de extinción se mantiene. Si no contamos la inflación, claro.
Y si a esto añadimos la situación de las brigadas forestales, con modelos que varían según la comunidad, pero donde predominan los sistemas privados y mixtos, completamos un combo que imposibilita la planificación. Cómo podemos asegurar la inversión adecuada si los servicios se adjudican en subasta a la baja, donde gana el que menos coste supone. El precio menor siempre se sostiene en menos personas contratadas, en malas condiciones laborales y recortes de medios, como ocurre en Castilla y León con 35 empresas que apagan fuegos. O como en Galicia, donde las vacantes se cubren con planes de empleo en el último momento, sin garantías de formación ni tiempo para prepararse.
El PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la DANA de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes aprovechando de manera desleal la delgada zona gris que deja el sistema: quién decide y cuándo declarar cada nivel de emergencia. Si hay ineficiencia es porque el Gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique, porque entonces los ineptos serían los del PP. La confusión sobre las competencias transmite al ciudadano la impresión de que las comunidades autónomas están supeditadas al Gobierno central, cuando no es así. Ambas son instituciones del Estado, y, en este caso, las emergencias de nivel 2 son competencias autonómicas desde 1985.
Lo lamentable de esta catastrófica situación es que mientras los dos grandes partidos juegan a incendiarse entre sí, el Gran Pirómano de la política española, Vox, es quien sale ganando. Qué ironía, se benefician justo aquellos que niegan el cambio climático, cuando ahora ya es la cuestión inevitable. Esta cocción colectiva a fuego lento que estamos sufriendo y el descontrol de los incendios, Prometeo desencadenado.
Como conclusión de esta confusa y anómala situación es que, como en otros temas vitales para la sociedad, la lucha contra los incendios debe seguir una agenda ideológica. Pero, aquella que apuesta por lo público y no privatiza ni regatea con los problemas de la ciudadanía. Y si hubo errores, que no se repitan y todos aquellos comportamientos delictivos que se paguen.
En este contexto, la propuesta de un pacto de Estado no puede ser rechazada como ha hecho el Partido Popular. España se enfrenta a una emergencia climática que solo puede ir a más. Así que, es necesario sacar este asunto del enfrentamiento político. El PP tendrá una nueva oportunidad de aportar ideas en la próxima Conferencia de presidentes, un foro con excelentes características para articular este debate. Y si tiene una propuesta concreta de recentralización del Estado debería articularla por escrito. El PP debería saber que gobernar en las comunidades autónomas implica, también, gobernar las desgracias. Pero, es que no se enteran.
