En la tradicional copa de Navidad en la Moncloa, Pedro Sánchez fue muy crítico con la judicatura, llegando incluso a acusar a algunos magistrados de actuar en connivencia con el PP y asegurando que los populares tienen información privilegiada de lo que va a pasar en algunos procesos críticos para el Gobierno. “El PP juega con las cartas marcadas en la justicia, y eso me preocupa”, dijo.
Esta frase muestra una línea ascendente con respecto a otras frases anteriores. “Este acoso político, mediático y judicial se volverá contra los acosadores”, dijo Sánchez en el acto del día de la Constitución. No hay, aseguran fuentes del Ejecutivo, ningún calentón. Es una estrategia medida. Cada día se extiende más la sensación de que algunos jueces no están siendo justos y objetivos, sino que están tratando de estirar procesos sin contenido para perjudicar al Gobierno. Y, por lo tanto, hay que hacer lo propio contra ellos, denunciando la politización de la justicia.
Según una encuesta del CIS de abril, el 83% de los españoles cree que la justicia “se ve influida por otros poderes políticos o económicos”, frente a un 9,5%, que cree que siempre actúa de manera imparcial. También otras encuestas privadas señalan que la justicia está instrumentalizada con fines políticos, que “toman partido”. Sin embargo, este acoso judicial al Gobierno se puede volver electoralmente en contra de la oposición y generar una reacción de apoyo al Ejecutivo en importantes sectores progresistas. Por eso, no entiendo como Núñez Feijóo, huérfano de propuestas concretas, se limita al casi reiterado y obsesivo cuestionamiento del presidente Pedro Sánchez y su familia.
Pero la línea estratégica del PSOE va a seguir. En el 41º Congreso Federal de Sevilla, Sánchez pidió a los suyos que salieran “a la ofensiva”. El Gobierno y el propio presidente están recibiendo críticas muy duras por parte de las asociaciones judiciales y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la progresista Isabel Perelló, por estas frases de desconfianza hacia algunos jueces, pero estos reproches no harán que el Gobierno cambie de estrategia.
Después de los agujeros en las denuncias y declaraciones de Aldama, Sánchez y su equipo mantendrán esta línea de alertar sobre el acoso judicial al Gobierno. En la conferencia de presidentes de Santander, se vivió una especie de tregua, y nadie habló de justicia, ni de escándalos, ni de corrupción, pero el ambiente tóxico volverá a su apogeo pasadas las fiestas, presumiblemente, como siempre, con la agenda política pendiente de los tribunales.
Además de las conocidas instrucciones de los casos contra la esposa y el hermano de Sánchez, muy criticadas desde La Moncloa, ahora hay mucha suspicacia en el Gobierno por la decisión de dejar tan rápidamente a Víctor de Aldama en libertad, cuando tanto el Ejecutivo como el propio Óscar Puente, ministro de Transportes, encargaron un informe específico, y mantienen que el empresario no ha presentado ninguna prueba sólida sobre la supuesta corrupción en adjudicaciones de obras.
En algunos sectores del Gobierno y del PSOE hay malestar por la sensación de que el fiscal general, Álvaro García, no es capaz de controlar estas situaciones. “A veces parece que estamos en Gobierno, pero no gobernamos en algunos temas sensibles”, señalaba en la prensa un miembro del Ejecutivo. Aunque Sánchez mantiene su respaldo total a García. Pues, cree que el fiscal general también es víctima de un acoso mediático, político y judicial injusto, por eso siempre ha defendido que no tiene que dimitir. Además, el último informe de la UCO lo exonera de estas falsas acusaciones.
La sensación de acoso judicial injusto está muy extendida en el Gobierno, en el PSOE, en Sumar, en la mayoría de sus socios e incluso en los sindicatos, que han mostrado su apoyo cerrado al Ejecutivo. “Este es el mayor riesgo de involución social desde la Transición”, dicen. En estos sectores está totalmente asumido que la justicia tendrá un gran protagonismo en lo que queda de legislatura, pero también creen que algunos jueces han cruzado líneas rojas y sus excesos se volverán contra ellos, haciéndoles perder cada vez más credibilidad.
Parece seguro que Sánchez y su equipo no darán marcha atrás en estas críticas hacia algunos jueces, sobre todo, creyendo contar con el apoyo de una parte cada vez más relevante de su electorado. Pero, existe un peligro, las democracias quiebran por la instrumentalización casi generalizada del sistema de reglas con fines partidistas, según los autores de Así mueren las democracias, Levitski y Ziblatt. Sin una voluntad expresa de autocontención en el ejercicio de sus funciones por parte de todos los protagonistas -partidos, medios y los propios jueces-, la democracia se nos va al garete. Debemos “tratar de evitar acciones que, aunque cumplan con la letra de la ley está claro que violan su espíritu”. Así se llamaba el famoso libro de Montesquieu, El espíritu de las leyes.
