El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado de fuerza mayor y extrema necesidad la situación provocada por la llegada masiva del alga asiática (Rugulopterix okamurae) a las costas andaluzas, una medida que permitirá reducir el impacto económico en los ayuntamientos afectados.
Esta decisión posibilita la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, una tasa que hasta ahora suponía un importante coste para los municipios obligados a retirar toneladas de esta especie invasora de sus playas.
El alga, originaria del Pacífico, fue detectada por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar y desde entonces ha experimentado una expansión acelerada por el litoral andaluz. Actualmente, afecta a las cinco provincias costeras —Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería— con especial incidencia en Cádiz y la zona occidental malagueña.
Su crecimiento descontrolado genera graves consecuencias ambientales y económicas. En el sector pesquero, dificulta la actividad al bloquear redes y obligar a constantes reparaciones. En el ámbito turístico, la acumulación de grandes cantidades en las playas provoca problemas de salubridad, malos olores y un notable deterioro del paisaje.
En puntos como el Estrecho de Gibraltar, se estima una biomasa anual cercana a las 100.000 toneladas. Municipios como Algeciras, Barbate, Conil, La Línea o Tarifa soportan una presión constante por la retirada de estos residuos. En algunos casos, como Tarifa, se han llegado a gestionar más de 11.000 toneladas en un solo verano.
La Junta subraya que la erradicación de esta especie no es viable a medio plazo, lo que ha motivado su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en 2020 y su consideración como especie preocupante para la Unión Europea en 2022.
Ante este escenario, numerosos ayuntamientos habían reclamado apoyo institucional para hacer frente a unos costes crecientes y difíciles de asumir. La medida adoptada busca evitar una penalización económica adicional en una situación considerada “imprevisible e inevitable”, garantizando así la continuidad de las labores de limpieza por razones de salud pública y protección ambiental.
