En declaraciones a «La voz del sur», el primer teniente de alcalde de Tarifa, Jorge Benítez, ha anunciado que emprenderá acciones legales tras ser acusado de haber adjudicado una vivienda municipal a un familiar, unas afirmaciones que el propio edil ha calificado como “graves” y “sin fundamento”. Foto archivo
Las acusaciones, difundidas a través de mensajes privados, atribuyen al responsable municipal posibles delitos como tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración o falsedad documental. Ante esta situación, Benítez ha reaccionado asegurando que no permitirá que se cuestione su integridad personal y política.
El edil ha confirmado que ya ha trasladado a la autora de dichas acusaciones su intención de llevar el asunto a los tribunales. “No voy a permitir acusaciones gratuitas que pongan en duda mi honradez”, ha afirmado, subrayando que este tipo de señalamientos afectan no solo a su persona, sino también a los funcionarios implicados en los procesos administrativos.
Benítez ha insistido en que no ha tenido ninguna participación en el proceso de adjudicación de viviendas públicas en cuestión y, con el objetivo de despejar cualquier duda, ha anunciado que solicitará a la empresa municipal encargada de la gestión, Urtasa, que haga público el procedimiento seguido en el sorteo.
“Quiero que se explique con total transparencia cómo se ha llevado a cabo el proceso, en el que no he intervenido en ningún momento”, ha señalado.
El responsable de Vivienda ha enmarcado estas acusaciones en el contexto de la difícil situación habitacional que atraviesa Tarifa, reconociendo la tensión social existente, aunque ha advertido de que ello no justifica la difusión de afirmaciones que considera falsas. “Puedo entender la desesperación de muchas personas, pero eso no puede derivar en acusaciones sin base”, ha indicado.
Asimismo, Benítez ha defendido su trayectoria en materia de vivienda pública, reivindicando su implicación en un ámbito que, según ha señalado, arrastra una “dejadez histórica” en el municipio. En este sentido, ha lamentado que se cuestione su actuación cuando, asegura, ha sido una de las personas que más ha trabajado para mejorar el acceso a la vivienda en Tarifa.
El edil ha reiterado que será la vía judicial la que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mostrando su confianza en que el proceso demostrará la falsedad de las acusaciones. “Será en los tribunales donde se demuestre si alguna vez he adjudicado una vivienda a un familiar”, ha concluido.
El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por el acceso a la vivienda en Tarifa, un problema que ha generado una notable presión social y política en los últimos años.
