Verdes Equo presenta alegaciones a la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía para garantizar el control público en la protección ambiental

Propone limitar las competencias de las empresas colaboradoras externas en los procedimientos de evaluación ambiental, para que la protección ambiental de Andalucía no quede en manos privadas Pide dotar de recursos técnicos y económicos a los ayuntamientos para evitar conflictos de intereses y garantizar un control de calidad

Verdes Equo ha presentado alegaciones al borrador del anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), para garantizar el control público en la protección ambiental.

Con la nueva ley, la Junta de Andalucía dice querer mejorar la seguridad jurídica y agilizar los procedimientos ambientales, pero el partido verde afirma que esta reforma legislativa no es más que una operación de propaganda, porque sin la adecuada inversión en el servicio público no se conseguirán estos objetivos. Señalan que es imprescindible dotar de recursos técnicos y económicos a los servicios administrativos responsables para garantizar una gestión que al mismo tiempo sea rápida, para asistir a las empresas y ciudadanía, y efectiva para proteger al medio ambiente.

Se pretenden delegar más competencias en los Ayuntamientos en la tramitación de licencias ambientales, por lo que el partido verde pide a la Junta que no haga dejación de funciones y apoye y supervise para que, sobre todo, los municipios pequeños puedan ejecutar estos procedimientos y se garantice una aplicación uniforme de los estándares ambientales, sin poner en peligro el entorno.

Además, la nueva norma abre la puerta a ampliar la colaboración de las empresas privadas en los procedimientos de evaluación ambiental, lo que, a juicio de Verdes Equo, puede generar graves conflictos de intereses y “debilitar las capacidades técnicas de la administración pública a largo plazo, haciendo que la protección ambiental dependa excesivamente de actores privados”.

“La actualización de la normativa no puede ser pretexto para desmontar lo público, como ya ha ocurrido en el área autonómica de calidad ambiental, donde la unidad móvil de medición de contaminación atmosférica se sustituyó por una privada, que ha pasado a ser juez y parte”, afirma el partido ecologista.

Para evitar la falta de mecanismos de control ambiental público, Verdes Equo propone limitar las funciones de las entidades colaboradoras al ámbito de asesoramiento técnico, excluyendo funciones evaluativas o de validación.

Propone limitar las competencias de las empresas colaboradoras externas en los procedimientos de evaluación ambiental, para que la protección ambiental de Andalucía no quede en manos privadas

Pide dotar de recursos técnicos y económicos a los ayuntamientos para evitar conflictos de intereses y garantizar un control de calidad

Verdes Equo ha presentado alegaciones al borrador del anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), para garantizar el control público en la protección ambiental.

Con la nueva ley, la Junta de Andalucía dice querer mejorar la seguridad jurídica y agilizar los procedimientos ambientales, pero el partido verde afirma que esta reforma legislativa no es más que una operación de propaganda, porque sin la adecuada inversión en el servicio público no se conseguirán estos objetivos. Señalan que es imprescindible dotar de recursos técnicos y económicos a los servicios administrativos responsables para garantizar una gestión que al mismo tiempo sea rápida, para asistir a las empresas y ciudadanía, y efectiva para proteger al medio ambiente.

Se pretenden delegar más competencias en los Ayuntamientos en la tramitación de licencias ambientales, por lo que el partido verde pide a la Junta que no haga dejación de funciones y apoye y supervise para que, sobre todo, los municipios pequeños puedan ejecutar estos procedimientos y se garantice una aplicación uniforme de los estándares ambientales, sin poner en peligro el entorno.

Además, la nueva norma abre la puerta a ampliar la colaboración de las empresas privadas en los procedimientos de evaluación ambiental, lo que, a juicio de Verdes Equo, puede generar graves conflictos de intereses y “debilitar las capacidades técnicas de la administración pública a largo plazo, haciendo que la protección ambiental dependa excesivamente de actores privados”.

“La actualización de la normativa no puede ser pretexto para desmontar lo público, como ya ha ocurrido en el área autonómica de calidad ambiental, donde la unidad móvil de medición de contaminación atmosférica se sustituyó por una privada, que ha pasado a ser juez y parte”, afirma el partido ecologista.

Para evitar la falta de mecanismos de control ambiental público, Verdes Equo propone limitar las funciones de las entidades colaboradoras al ámbito de asesoramiento técnico, excluyendo funciones evaluativas o de validación.