La Audiencia Nacional ha dejado libre a Firass Taghi, un supuesto narcotraficante vinculado a la Mocro Maffia que había sido detenido en Tarifa el pasado junio. Debía ser entregado a Países Bajos, pero se han excedido los plazos legales para materializar su entrega, que debía haberse producido el pasado agosto, debido a un error judicial.

El 7 de agosto, la decisión de entregar a Taghi se convirtió en firme. Desde esa fecha había diez días para llevarla a efecto, según explica un auto de la Sala de Apelación de la AN, que da la razón a la defensa por haberse excedido en los plazos legales el juez instructor.

La Fiscalía de Países Bajos, que ya había iniciado los trámites de extradición, ha asegurado que desconocía qué había fallado para dejar en libertad al detenido mientras intentaba salir de Europa por el puerto tarifeño. «Se está investigando por qué no se completó la extradición y se liberó al sospechoso», ha apuntado un portavoz, según recoge la agencia neerlandesa ANP.

La prensa holandesa detalla que Firass Taghi, de 24 años, es pariente de Ridouan Taghi, el principal sospechoso del mediático ‘caso Marengo’, un macrojuicio por el que se dictaron elevadas condenadas para otras 17 personas por tráfico de drogas y otros delitos como asesinatos o intentos de homicidio.

Firass Taghi fue arrestado en Tarifa en el marco de una operación internacional relacionada con la introducción de cocaína por el puerto de Amberes, ya que sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Concretamente, fue arrestado el 21 de junio de 2025 en el puesto fronterizo del puerto tarifeño, según precisan fuentes policiales. Su intención era embarcar hacia el puerto marroquí de Tánger Ciudad.

La decisión de entregar a Taghi se convirtió en firme el 7 de agosto, fecha desde la cual se establecía un plazo diez días para llevarla a efecto, según explica un auto de la Sala de Apelación de la AN. Pero no se hizo y, en el ínterin, el 3 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, decidió mantener la medida de prisión acordada para garantizar, precisamente, la entrega de Taghi.

Recurso de la defensa

La defensa recurrió alegando, por un lado, que la resolución judicial de Pedraz no era la adecuada formalmente –porque se trataba de una providencia y debió ser auto– y, por otro, que cuando se dictó se habían excedido los plazos legales.

La Sala de Apelación de la AN ha dado la razón a la defensa. Respecto a la primera alegación reconoce que Pedraz debió resolver mediante auto, si bien cree que es un defecto que ha quedado subsanado con el ahora dictado por la propia Sala.

En cambio, los magistrados consideran que el segundo error, que también aprecian, no tiene reparación posible porque la ley fija que «la entrega de la persona reclamada se hará efectiva por agente de la autoridad española, previa notificación a la autoridad designada al efecto por la autoridad judicial de emisión del lugar y fechas fijados, siempre dentro de los diez días siguientes a la decisión judicial de entrega».

«Si por causas ajenas al control de alguno de los estados de emisión o de ejecución no pudiera verificarse en este plazo, las autoridades judiciales implicadas se pondrán en contacto inmediatamente para fijar una nueva fecha, dentro de un nuevo plazo de diez días desde la fecha inicialmente fijada», añade la ley.

La Sala explica que, en este caso, han transcurrido «en exceso» los diez días, «sin que conste motivo alguno que impida dicha materialización», por lo que estima el recurso de apelación y deja sin efecto la «prisión instrumental», ordenando así su puesta en libertad.