La oleada de inmigrantes que ha llegado a Tarifa en los últimos días, más de 1.000, no sólo está provocando un problema de ocupación en los centros de internamiento de inmigrantes (CIES) o en los calabozos de la Policía Nacional, más allá, evidentemente, del drama humano. Ahora son los empleados judiciales, a través del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), los que han hecho públicas sus quejas ante la situación generada en los juzgados de guardia de Algeciras.
A la falta de personal -dicha sala tiene una plantilla de 8 funcionarios más el juez, el fiscal y el secretario-, que es insuficiente para atender la emergencia creada y mantener la actividad diaria, hay que añadir las dudas, extendidas en varios sectores, ante la falta de un protocolo sanitario claro que evite problemas con virus como el ébola, o la tuberculosis. El sindicato ha mostrado su preocupación «por la falta de información y formación por parte de los miembros de la administración de Justicia para gestionar esta situación». Denuncian la falta de equipos de protección individual de barrera básicos. Algo que, añade la organización laboral, «se ve agravado por la emergencia internacional declarada por la Organización Mundial para la Salud por el brote del virus ébola para cuya prevención hemos solicitado una actuación urgente tanto del ministerio como de la Consejería de Justicia».
Es por ello que STAJ ha presentado escrito denunciando la situación y pidiendo la intervención urgente ante la delegación de Justicia en Cádiz, amén de «ponernos en contacto telefónicamente con sus responsables sin que hayamos obtenido la respuesta adecuada a la garantía de salud que merecen nuestros compañeros».
La situación que se describe en Algeciras afecta, de igual forma, al juzgado de paz de Tarifa a lo que se debe sumar el desplazamiento al Centro de Internamiento de Extranjeros para «realizar diligencias». Esto supone, concluyen «desde SATJ, «una desatención del resto de labores de funcionamiento habitual de un Juzgado.
Fuentes policiales consultadas por EL MUNDO han señalado que «la situación sigue siendo compleja» ya que la avalancha ha sido desproporcionada y si bien «se están agilizando trámites para identificación, expulsión o traslado» la realidad es que el volumen de trabajo está ocasionando «problemas» de toda índole.
