Antena 3 se hace eco de la noticia de este diario «La información pública no puede tener bloqueados» y coloca en las pantallas de toda España la actitud inadmisible en democracia de Cristóbal Campos, alcalde de Facinas.

Nos escandalizó, pero no solo a nostros….cuando medios nacionales señalan asombrados lo que durante años muchos vecinos de Facinas denunciaban en silencio, el tema merece una honesta reflexión. El reportaje emitido por Antena 3 en el programa «Y ahora Sonsoles» ha convertido en un asunto de interés general una práctica que jamás debió normalizarse: que un alcalde utilice los canales públicos de información para bloquear a vecinos por expresar opiniones. El alcalde de Facinas es «prensa, Boe y cesura en pleno siglo XXI» y lo hace sin rubor ante la incredulidad de todos-

La información institucional pertenece a todos. No es patrimonio de quien gobierna ni una herramienta para premiar a quien aplaude y castigar a quien discrepa. Ese es el principio básico de cualquier democracia.

Detrás de ese reportaje hay vecinos que decidieron perder el miedo. Y este diario desempeñó un papel importante facilitando el contacto entre esas personas y la redacción de Antena 3. No hubo conspiraciones políticas ni maniobras ocultas. Hubo ciudadanos cansados de sentirse silenciados y periodistas interesados en una historia que, por su gravedad, merecía ser conocida por toda España. De hecho, la propia redactora dejó públicamente su teléfono de contacto en Facebook bajo la noticia que destapó el caso, para que cualquier afectado pudiera aportar su testimonio. Que Facinas sea ejemplo nacional de actitudes poco democráticas debería llevar a la reflexión, lejos de eso, Cristóbal se bunkeriza en el absurdo y el insulto.

Las posteriores declaraciones del alcalde, Cristóbal, lejos de rebajar la tensión, solo han agravado la sensación de bochorno. En lugar de reconocer el error, pedir disculpas y abrir una reflexión sobre el uso de los canales institucionales, optó por desacreditar a quienes denunciaron los hechos. Incluso llegó a dirigirse despectivamente hacia una vecina bloqueada simplemente por opinar sobre la piscina municipal, una cuestión de gestión pública y no de enfrentamiento partidista. Después intentó atribuir el origen del reportaje al PSOE, cuando la realidad es mucho más sencilla: fueron vecinos quienes dieron el paso, y este medio facilitó el contacto con los periodistas.

No se trata de izquierdas o derechas. Se trata de respetar derechos fundamentales. Ningún alcalde puede decidir quién merece recibir información pública y quién no. Ningún representante institucional puede convertir una página oficial en un tablón privado donde solo tengan cabida quienes le dan la razón. Esa frontera es la que separa la comunicación institucional de la propaganda. La sección de Facinas en la web oficial del ayuntamiento no llega a anecdótica, siendo este medio o el Facebook del alcalde (vestido con nombre institucional) llamado «Facinas Entidad Local Autónoma» las únicas vías de información real.

Por eso las soluciones deberían ser igual de claras. La cuenta utilizada como herramienta de censura debería pasar a ser gestionada directamente por el Ayuntamiento, con criterios objetivos y transparentes. Debería producirse una disculpa pública hacia los vecinos afectados y una rectificación inequívoca. Y, sobre todo, debería abrirse una reflexión seria sobre si quien actúa de esta forma reúne las condiciones para representar a todos los ciudadanos de Facinas. Esto es muy serio.

Mención necesaria para Samuel, Nacho o Santos, responsables de la comunicación institucional de Tarifa, que callarán ante este bochorno nacional de Facinas, porque solo representan sus intereses y les importa muy poco la verdad, algo que este medio ha podido comprobar en primera persona, pero ese tema solo toca hoy por complicidad, tendrá capítulo propio en breve.

Pero el problema va más allá de un alcalde. Lo verdaderamente inquietante es el clima que muchos vecinos describen desde hace años. Personas que no querían hablar «para no tener problemas». Ciudadanos que preferían callar antes que enfrentarse al poder municipal. Cuando reclamar un derecho democrático genera miedo, algo funciona muy mal. Y eso no se resuelve únicamente con un reportaje de televisión.

Mientras tanto, resulta llamativo el silencio de buena parte del tejido social. Asociaciones empresariales que no levantan la voz. Partidos políticos que reaccionan solo cuando el asunto se convierte en titular nacional. Instituciones que parecen más preocupadas por el desgaste político que por defender principios elementales de convivencia democrática. Al final, quien queda desamparado es el ciudadano, huérfano de una representación que debería defenderlo siempre, piense como piense.

Hoy España ha visto durante seis minutos lo que en Tarifa muchos conocían y denunciaban desde hace tiempo. Lo que aquí algunos justificaban o minimizaban se ha convertido en un ejemplo nacional de cómo no debe gestionarse la comunicación pública. Y eso obliga también a una reflexión colectiva.

El escudo de Tarifa luce el lema latino «Estote fortes in bello», «Sed fuertes en la guerra». Quizá hoy esa fortaleza no consista en empuñar armas, sino en algo mucho más difícil: perder el miedo a hablar, defender los derechos de todos y recordar que ningún cargo público está por encima de la democracia.

Porque cuando un pueblo tiene miedo a expresar su opinión, el problema ya no es de quien gobierna. El problema es de toda una sociedad que ha empezado a aceptar como normal lo que nunca debió tolerar. Y esa batalla solo puede ganarla una ciudadanía que decida dejar de callar.